miércoles, 29 de julio de 2009

Noche de los Bastones Largos


La Noche de los Bastones Largos fue el desalojo por parte de la Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal Argentina, el 29 de julio de 1966, de cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en argentina, ocupadas por las autoridades legítimas —estudiantes, profesores y graduados— en oposición a la decisión del gobierno militar de intervenir las universidades y anular el régimen de cogobierno.


El hecho
El mes anterior, el 28 de junio de 1966, el Teniente General Juan Carlos Onganía había derrocado el gobierno democrático de Arturo Illia y dado inicio a la dictadura autodenominada Revolución Argentina. Las universidades públicas argentinas estaban entonces organizadas de acuerdo a los principios de la Reforma Universitaria, que establecían la autonomía universitaria del poder político y el cogobierno tripartito de estudiantes, docentes y graduados.
La represión fue particularmente violenta en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
La Policía Federal, que se encontraba bajo intervención militar desde el 28 de junio de 1966, tenía órdenes de reprimir duramente. El nombre proviene de los bastones largos usados por efectivos de la Policía Federal Argentina para golpear con dureza a las autoridades universitarias, los estudiantes, los profesores y los graduados, cuando los hicieron pasar por una doble fila al salir de los edificios, luego de ser detenidos.
Fueron detenidas 400 personas y destruidos laboratorios y bibliotecas universitarias.



Reconocimiento y memoria
En julio de 2005 la Federación Universitaria Argentina entregó diplomas de reconocimiento a los 70 profesores universitarios que renunciaron en 1966 a sus cátedras en la Facultad de Agronomía de la UBA.
En 2004 el director de cine Tristán Bauer estrenó una película con el título "La noche de los bastones largos: el futuro intervenido".

domingo, 26 de julio de 2009

Los orígenes de la represión

La Cámara Federal ordenó reabrir la causa en la que se investigaba una serie de manuales e instrucciones militares que sirvieron de base para la represión ilegal de los ’70. Los jueces buscan saber quiénes y en qué circunstancias los elaboraron.


Los represores mantienen bien guardados sus archivos, pero a veces para defenderse sacan a la luz los documentos que demuestran la planificación del genocidio. Así ocurrió con la defensa del general retirado Santiago Omar Riveros, que aportó en una causa judicial una serie de manuales e instrucciones que usaban los sicarios del Estado durante la dictadura. Cuando el abogado de derechos humanos Alberto Pedroncini tomó contacto con esos documentos militares entendió que eran de “contenido explícitamente delictivo” e hizo una denuncia. Ahora la Cámara Federal ordenó al juez de primera instancia, que había cerrado el expediente, seguir investigando.
En septiembre de 2006, Pedroncini hizo su presentación ante la Procuración General y el fiscal federal Federico Delgado impulsó la denuncia. En la causa 13.445/99, en la que está imputado el dictador Jorge Rafael Videla por una serie de privaciones ilegítimas de la libertad, el abogado Florencio Varela (defensor de Riveros, Eugenio Guañabens Pellero y Juan Pablo Saa) aportó el reglamento RC-5-1 denominado “Operaciones sicológicas”, fechado el 8 de noviembre de 1969. En una segunda presentación, Pedroncini señaló la existencia de casos específicos de secuestros y tortura de personas, que habrían sido cometidos de acuerdo con la metodología que surge de ese reglamento. Durante la investigación se incorporaron los reglamentos RC-9-1 “Operaciones contra elementos subversivos”, de diciembre de 1976; RC-8-3 “Operaciones contra la subversión urbana”, de julio de 1969; RV 150-10 “Instrucción de lucha contra las guerrillas”, de septiembre de 1969; ROP 30-5 “Prioneros de guerra” y RC8-2 “Operaciones contra fuerzas irregulares”.
En principio, la Justicia orientó el caso a la determinación de “actos materiales que se hayan desarrollado en estricto cumplimiento” de la normativa militar mencionada. En tal sentido, recolectó abundante información vinculada con la presunta desaparición de aquellas personas que fueron mencionadas por Pedroncini: Néstor Martins, Nildo Centeno, Marcelo Verd, Sara Palacio de Verd, Juan Pablo Maestre, Mirta Misetich, Luis Enrique Pujals, Nuria Morillo y Angel Brandazza. Pero luego de tres años el magistrado de primera instancia decretó el archivo del caso con el argumento de que no había podido probar “la existencia de conexión alguna entre los manuales en cuestión y algún suceso que configurara la materialización de las directivas allí contenidas”. A su criterio, la creación de los reglamentos en sí misma no constituía un delito penal, “en virtud de la ausencia de resultado lesivo alguno”.
En septiembre pasado, el fiscal federal Gerardo Pollicita apeló esa decisión, y el fiscal general Germán Moldes sostuvo ese recurso, aunque con argumentos diferentes. A su entender, los reglamentos militares en cuestión son “innegablemente ilegítimos”, por lo cual el objeto procesal está conformado por su misma existencia, independientemente de su vinculación con hecho delictivo alguno. Moldes, además, expresó su disenso con el juez de primera instancia en tanto sostuvo que “los reglamentos fueron dictados por aquellos que tenían el poder de materializar las conductas allí contenidas, circunstancia que resultaría suficiente para generar temor en la ciudadanía”.
Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah consideraron que el archivo del caso es prematuro porque aún quedan medidas probatorias a realizar que podrían “resultar idóneas para el descubrimiento de la verdad material”. En tal sentido, puntualizaron que resulta necesario establecer “las circunstancias en que los reglamentos de origen militar fueron dictados, el procedimiento seguido para su creación, las personas que participaron de ese proceso y los documentos que sirvieron de base para ello”. Freiler, Ballestero y Farah consideraron que “el contexto socio-político imperante no sólo en nuestro país sino también en el resto de América Latina (...) permite inferir la posibilidad de que integrantes de fuerzas de seguridad de países extranjeros hayan colaborado, de algún modo, con su elaboración”. También expresaron que es necesario conocer el destino de los manuales y el modo en que fueron utilizados. Los camaristas pretenden, además, confirmar si fueron derogados y, en su caso, con cuáles instrucciones fueron reemplazados.

A 33 AñOS DE LOS APAGONES

Haciendo memoria ,llegando a Libertador General San Martín, la localidad jujeña más conocida como Ledesma y por haber sido epicentro de La Noche de los Apagones, hace 33 años, cuando en el feudo de los Blaquier la dictadura cortó la luz para allanar y secuestrar. Militantes de todo el Noroeste acudirán a la tradicional marcha que mañana sale desde Calilegua hacia Libertador para recordar a las treinta personas que permanecen desaparecidas desde aquella noche. Además, el viernes comienza allí el décimo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) “contra el saqueo de nuestros bienes naturales, la contaminación, por la soberanía alimentaria y la vida”.
Este encuentro hará eje en la temática medioambiental, el cultivo de la soja y la situación de los pueblos originarios, en grupos de debate provenientes de Catamarca, Salta y el resto de Jujuy, organizados por la agrupación Tupac Amaru. “El pueblo de Libertador acompaña naturalmente la marcha del jueves 23, porque representa a quienes tienen un mayor compromiso con la calidad de vida del lugar”, dijo Ricardo Arédez, hijo del médico desaparecido y ex intendente de Libertador Luis Arédez y de Olga Márquez, que se puso un pañuelo blanco y comenzó a dar vueltas por la plaza del pueblo en reclamo de la aparición con vida de su marido. En la que fue la casa familiar de los Arédez funciona Capoma (Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez), que organiza los actos y la marcha del Apagón junto a Madres de Detenidos De-saparecidos de Ledesma, Familiares y Ex Presos Políticos. “Así como mi madre luchó por no olvidar el pasado, también se involucró en los problemas cotidianos, de modo que si viviera estaría haciendo esto”, completó el menor de los cuatro hermanos Arédez.
Las actividades comenzaron el domingo con una vigilia en la plaza central, continuaron ayer con un taller de semillas en Calilegua, realizado por la comunidad guaraní Haciendo Memoria, y seguirán hoy con un taller sobre criminalización de la protesta, dictado por Pañuelos en Rebeldía, y un taller de género, dictado por el Frente Darío Santillán. Mañana habrá un acto a las 8.30 en la Escuela Normal en homenaje a los ex alumnos detenidos-desaparecidos, y desde las 15 comenzará la marcha. El acto central será cerca de las 20 en la plaza central y a las 21 habrá un festival solidario.
El lunes hubo otra marcha similar de la que participaron organismos de derechos humanos de Ledesma, la Comisión de Derechos Humanos de Jujuy y el movimiento social y cultural Tupaj Katari. Estuvo entre los manifestantes Rita de Garnica, madre de desaparecidos la noche del 20 de julio en Calilegua, y el dirigente Carlos “Perro” Santillán, quien pronunció un discurso ante el monolito de los detenidos-desaparecidos ubicado en una de las entradas del pueblo. La jornada culminó con un recital por la Memoria. “Siempre manifesté que la marcha debía realizarse el día 20 de julio, fecha en que ocurrió el primer apagón y se llevaron a un montón de gente, entre ellos a mis hijos y a mí”, dijo Garnica. Por su parte, Guillermina Díaz, hermana de detenidos-desaparecidos, apuntó que “la diferencia con Capoma es la fecha (en que se recuerdan los sucesivos apagones), porque después el objetivo es el mismo”.