miércoles, 18 de febrero de 2009

La presidenta, recibirá a los organismos de derechos humanos


Cristina recibirá a las 19, en su despacho de Casa de Gobierno, a organismos de derechos humanos, quienes le presentarán un proyecto para acelerar las causas judiciales que se siguen contra represores acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
La referente de Abuelas, Estela Carlotto dijo que luego de que esta tarde sea recibida por la presidenta, brindará detalles a la prensa sobre el proyecto en el que, junto con otras agrupaciones de derechos humanos, "ofrecemos algunas sugerencias para cambiar el ritmo de la justicia", en materia de juicios a represores de la última dictadura.

Las Abuelas de Plaza de Mayo,ofendidas por los dichos de Berlusconi

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que las abuelas se sienten "ofendidas" por los dichos del primer Ministro italiano, Silvio Berlusconi, ya que "habló irónicamente de los vuelos de la muerte" de desaparecidos argentinos, durante un encuentro político en Cerdeña.

"Las abuelas estamos ofendidas, sobre todo porque para los argentinos ha habido siempre desde Italia una gran solidaridad, tanto de parte de los gobiernos anteriores como de parte de la Justicia", manifestó Carlotto.
La titular de la agrupación de derechos humanos dijo haber recibido de parte de un medio italiano la copia de las palabras pronunciadas por Berlusconi en Cerdeña el fin de semana.
Según la prensa de ese país, Berlusconi se refirió a la etapa de los llamados `vuelos de la muerte' como "bellas jornadas, los hacían descender de los aéreos".
Carlotto consideró a la misma como "una frase sumamente lesiva para el sentimiento de los argentinos en general y de los familiares en particular", ya que "habló irónicamente de los vuelos de la muerte".
La titular de Abuelas anticipó que los organismos "vamos a reaccionar", y que se presentarán ante la Secretaría de Derechos Humanos, la Cancillería, y la Embajada de Italia en Argentina.
"Vamos a pedir que Berlusconi aclare o rectifique sus dichos; y si se queda en sus trece, recibirá nuestro repudio",señaló.
De todas maneras, Carlotto dijo que "no sorprenden" las palabras de Berlusconi, ya que "siempre tiene esa cosa payasesca de usar términos irónicos y tangencialmente muy ofensivos. A nosotros nos duele muchísimo que él se arrogue el derecho a la ofensa"

sábado, 14 de febrero de 2009

Otra hija de desaparecidos recuperó su identidad

foto de beatriz y domingo (sus padres)

Las Abuelas de Plaza de Mayo con enorme alegría queremos dar a conocer el encuentro y restitución de la identidad de otra hija de desaparecidos. Se trata de la hija de Beatriz Recchia y Domingo García, desaparecidos en 1977

Antonio nació el 15 de marzo de 1947 en la ciudad de Buenos Aires. Hizo la escuela primaria como pupilo en un colegio en González Catán y el secundario en el Colegio Marín en San Isidro. Se recibió de maestro y ejerció la docencia. Después, comenzó a cursar el Profesorado de Historia y Geografía.
Beatriz nació el 17 de mayo de 1949 en Florida, zona norte del gran Buenos Aires. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Nº 10 de Munro y el secundario en un colegio religioso, en el barrio porteño de Belgrano. Estudió para ser maestra jardinera y ejerció como tal en el Jardín Jean Piaget.
Se conocieron en un taller de Historia. Desde los grupos católicos pasaron a la militancia en barrios. Se casaron en enero de 1972. Juliana, la primera hija, nació el 30 de diciembre de 1973.
Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros los conocían como "Tina" y "Nito" o "Sebastián". Durante un breve lapso también los llamaron "Inés" y "Rogelio". Fueron secuestrados en su domicilio de Villa Adelina el 12 de enero de 1977. Antonio fue asesinado durante el operativo y sepultado al día siguiente como NN en el Cementerio de Boulogne. En 1978 la policía bonaerense confirmó oficialmente a la familia el destino de los restos. Beatriz estaba embarazada de cinco meses al momento del secuestro. Pensaban llamar Ignacio al bebé que esperaban si era varón. La joven fue vista por sobrevivientes en el CCD "El Campito" de Campo de Mayo. Allí nació su hija en el mes de mayo de 1977.
La "nieta" identificada fue registrada como hija de un suboficial del servicio de inteligencia del Ejército, que en 1985 fue designado agregado militar y naval de la embajada argentina en Roma.Tras negarse en primera instancia a someterse a pruebas genéticas, la joven finalmente accedió a hacerse unos análisis que determinaron su identidad biológica.Juliana García Recchia, la hermana de la nieta recuperada, sostuvo ante la prensa que "tenemos que encontrar a todos los hijos de desaparecidos". "Mi hermana nació hoy cuando supo quiénes eran sus padres, fue un embarazo de 32 años y fuimos varios los parteros", dijo Juliana, en una conferencia de prensa junto a Carlotto.Juliana contó que la búsqueda comenzó "desde la institución. Acá la buscamos, toda la gente que pasó por acá la buscó, pero ésta no es una búsqueda mía, ni de Abuelas, es de todos". Y cerró: "A mí nadie me dijo que tenía una hermana, yo toqué la panza de mi vieja. Quedan muchos más chicos y a veces me desespera porque parece que estamos jugando a las escondidas".

jueves, 12 de febrero de 2009

TIENE CORAZON Y LE DUELE

El dictador Emilio Eduardo Massera se encuentra internado en el sector de "unidad coronaria" del Hospital Naval "Pedro Mallo", presuntamente aquejado por una "afección cardiaca", confirmaron esta mañana fuentes judiciales.

Los voceros indicaron que los especialistas definieron como "síncope" el episodio padecido por el represor Massera quien permanece alojado en el sector reservado a enfermos cardíacos de ese centro asistencial que la Marina posee en el metropolitano barrio de Parque Centenario.
En tanto allegados a la investigación no descartaban que el juez federal Sergio Torres, a cargo de la "megacausa" por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) pudiese disponer en las próximas horas que peritos del cuerpo médico forense constaten la veracidad de las causas de internación.
El juez también aguarda que la Universidad de Buenos Aires y entidades académicas integren el equipo de profesionales de la salud mental que deberá realizar nuevas pericias psiquiátricas al ex jefe de la Armada durante la última dictadura militar.
Esos nuevos estudios se ordenaron a partir del dictamen del neurólogo italiano Piero Rocchini quien aseguró -en una causa que tramita en Roma en la que se pretende la extradición de Massera- que el dictador "simula" su enfermedad y "que está en condiciones de afrontar un juicio".
Según el experto italiano es apenas "moderado" el "decaimiento psíquico" que sufre el ex integrante de la primera junta militar del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976 y que padece "síntomas psíquicos ficticios".
Los juicios contra Massera en la Argentina se vieron interrumpidos en 2005 ante pericias del Cuerpo Médico Forense (que no intervendrá en los nuevos estudios) que determinaban que no estaba en condiciones psíquicas de defenderse en un juicio oral y público.
El ex dictador fue condenado en 1985 a prisión perpetua en la denominada "causa 13" como se conoció el juicio a los comandantes de la última dictadura y cinco años después beneficiado con el indulto por el ex presidente Carlos Menem.
Con la declaración de nulidad de esos perdones presidenciales y la derogación y declaración de nulidad insalvable de las leyes de obediencia debida y punto final, Massera volvió a verse imputado en causas por gravísimos delitos de "lesa humanidad" cometidos a partir del 24 de marzo de 1976.
Centenares de privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios y hasta la sustracción de recién nacidos cuando sus madres estaban en ilegal cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), son algunos de los cargos que el ex dictador debe afrontar ante la justicia argentina.

Olivera Róvere dijo whisky



El general retirado Jorge Olivera Róvere, imputado por cuatro homicidios y 120 secuestros como jefe de la subzona militar Capital Federal en 1976, se negó ayer a declarar ante la Justicia. Luego del escándalo del martes y de cinco juicios por delitos de lesa humanidad en los que prohibió el ingreso de reporteros gráficos, el Tribunal Oral Federal 5 finalmente autorizó a trabajar a un fotógrafo de la agencia Télam. Le impuso sólo dos condiciones: tomar fotos desde atrás de un blíndex y no usar flash. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, ratificó ayer la importancia de garantizar la publicidad de los juicios y requirió a los magistrados “un fuerte trabajo de colaboración con la prensa”.
La segunda jornada del juicio al ex segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército comenzó con planteos de sus abogados, Norberto Giletta padre e hijo. El ex juez de la dictadura, defensor de Olivera Róvere desde hace veinte años, pidió la nulidad de la acordada de la Cámara Federal porteña que en 2003 reabrió la megacausa Primer Cuerpo. Su hijo pidió que se rechazaran testimonios tomados en Conadep o vía exhortos y sólo se consideraran los de quienes declararan ante el tribunal. Luego, el imputado ratificó sus declaraciones indagatorias de 1987 y 2004, aclaró que no tenía nada nuevo para decir y se negó a responder preguntas de las partes.
Cuando el juez Daniel Obligado invitó al militar a pasar al estrado, el fotógrafo Gustavo Amarelle lo retrató sin más obstáculos que el blíndex que separa a la Justicia de la sociedad. Un día antes el TOF5 había autorizado a Leonardo Zavattaro a trabajar tres minutos sin el represor en la sala, y el secretario Martín Schwab se abalanzó sobre su lente cuando, ya detrás del vidrio, disparó contra el reo. El repudio que generó la medida derivó en un criterio menos estricto, aunque aún lejano al de otros tribunales orales que instruyen causas por crímenes de lesa humanidad.
El régimen que se aplicará a los canales interesados en televisar audiencias sigue siendo una incógnita. Hasta el martes, Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Farías concedían a Canal 7 la posibilidad de filmar durante tres minutos la sala en silencio y sin el acusado, para luego conectarse al circuito cerrado con tomas exclusivas de Sus Señorías y sus secretarios. Ayer, los canales transmitieron el escándalo del martes, pero no reclamaron su derecho a filmar a Olivera Róvere, pese a que la declaración formaba parte de la audiencia inicial que la acordada de la Corte encomendó transmitir. Recién el 29 de abril, cuando se lea la acusación contra los ex jefes de áreas militares, se sabrá si Gordo & Cía. mantienen la prohibición para la televisión o la modifican con vistas al próximo juicio, el primero a celebridades rentables para la TV como Alfredo Astiz, Jorge Acosta & Cía.
Tras el repudio de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, el Foro de Periodistas, el CELS y Justicia Ya! al maltrato sufrido por el periodista de Télam, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, explicó ayer que “los jueces tienen facultades para resolver cómo se hace en la práctica” la difusión de cada juicio, aunque reiteró que los debates deben ser “públicos” y “es muy importante que la gente conozca lo que sucede”. “Eso requiere un fuerte trabajo de colaboración con la prensa. La relación con los medios no debe ser conflictiva sino de cooperación”, sugirió. “El rostro del imputado no es un problema, pero no hay que estigmatizar a una persona sometida a proceso. Hay que recordar que toda persona es inocente hasta que se la declare culpable”, enseñó. “En el ámbito de cada juicio tiene competencia cada tribunal. El juez tiene que equilibrar la difusión con el respeto a las reglas del debido proceso para que el juicio no sea una telenovela”, concluyó.

martes, 10 de febrero de 2009

el tirón de orejas de la Corte

La Corte citó a los miembros del Tribunal Federal Número 5 para que se permitiera el registro de imágenes del juicio que comenzará hoy por la represión en el Primer Cuerpo de Ejército. La agencia oficial Télam y Canal 7 ingresarán a la sala

Los jueces del Tribunal Oral Federal 5 tuvieron que ceder. La semana pasada habían anunciado que impedirían una vez más el ingreso de fotógrafos y camarógrafos a las audiencias del juicio del genocida Jorge Olivera Róvere, que comienza hoy. Sin embargo, una cita urgente en la Corte Suprema les cambió los planes: tuvieron que autorizar la presencia de un fotógrafo de la agencia oficial Télam y de un camarógrafo de Canal 7 en la audiencia de apertura de este proceso en el que el ex subjefe del Primer Cuerpo de Ejército será juzgado por un centenar de asesinatos, entre ellos el del escritor Haroldo Conti y los de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
A diferencia del resto de los juicios orales en distintas provincias, donde pudieron verse los rostros de víctimas y victimarios, sus reacciones y sus gestos, los integrantes del TOF 5 vienen negándose en forma sistemática a la publicidad de los procesos que llevan adelante. Los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado ya aplicaron restricciones a la prensa en lo casos del policía Julio Simón –alias “El Turco Julián”–, del prefecto Héctor Febres, de los responsables por la Masacre de Fátima, de los apropiadores de Eugenia Sampallo y de los ex jefes de Mansión Seré. Gordo, Farías y Obligado rechazaron los reclamos de apertura a los medios que hicieron los querellantes, organizaciones de prensa y el fiscal Félix Crous, por lo cual en octubre la Corte Suprema dictó una acordada para que se garantice la “difusión radial y televisiva” de actos iniciales, alegatos y sentencia. La Corte encomendó que los tribunales deben determinar “la ubicación de cámaras de televisión y reporteros gráficos” con el fin de garantizar el mejor registro de imágenes posible”. Con este objetivo, “el tribunal requerirá a un medio televisivo, preferentemente público, la toma de imágenes” para los medios “que no pudieran ingresar a la sala por insuficiencia de espacio”, establecieron los supremos.
Lejos de acatar esta disposición del Máximo Tribunal, pocos días después en ocasión de la sentencia por el juicio de Mansión Seré, el TOF 5 impidió el ingreso de reporteros, prohibió difundir imágenes de las últimas palabras de los imputados y sólo permitió a los canales mostrar la señal de circuito cerrado que transmitió la lectura de la sentencia. El 4 de febrero el tribunal confirmó a Página/12 que mantendría el mismo criterio con el juicio a Róvere que comienza. La Asociación de Reporteros Gráficos le reclamó, entonces, a la Corte que garantice el cumplimiento de su acordada. Ya lo habían hecho el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD) y el fiscal Crous. Por su parte, la agrupación Hijos convocó a los fotógrafos a un “camarazo” para hoy a las 9 frente a los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002, para exigir que el TOF 5 les permita registrar el rostro de quien fuera amo y señor en la ciudad durante los meses más oscuros de la dictadura.
Ayer por la tarde sus señorías fueron convocados a dos reuniones en la Corte Suprema en las que les reiteraron que debían cumplir con la acordada, que no tenían “otra alternativa” porque si no sería la propia Corte la que tomaría en sus manos la garantía de la publicidad de este proceso. Finalmente, Página/12 pudo saber que el TOF 5 autorizó para hoy el ingreso de un fotógrafo de Télam, cuyo trabajo sería distribuido luego a través del servicio de la agencia estatal, y con el mismo sentido ingresaría un camarógrafo de Canal 7. En su caso, el profesional operaría las cámaras del circuito cerrado con un criterio periodístico para obtener una “cobertura no estática”, tarea que hasta ahora realizaba personal de la Policía Federal.
El juicio, que es parte de la megacausa por los crímenes del Primer Cuerpo de Ejército, tendrá una segunda parte donde serán juzgados otros cinco ex jefes militares. Olivera Róvere, de 83 años, llega en libertad al banquillo, ya que fue excarcelado hace dos años, y hoy deberá escuchar la acusación en la sala porque, hasta ayer, no presentó ningún pedido de excepción.
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Comienza el juicio al represor Olivera Róvere

El ex general Jorge Olivera Róvere, acusado de la desaparición de un centenar de personas incluidos el escritor Haroldo Conti y los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, comenzará a ser juzgado en un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires

Olivera Róvere, quien fue subjefe del Primer Cuerpo de Ejército en 1976, será juzgado por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5), que sesionará los días martes, miércoles y jueves.
El TOF5 decidió que tanto la televisión como la radio y los reporteros gráficos no podrán acceder a la sala del juicio, anticiparon el lunes fuentes judiciales.
Amparándose en una acordada de la Corte Suprema de 2008, el querellante Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y el fiscal general Félix Crous habían reclamado una habilitación amplia a la prensa como la que practican otros tribunales orales, por caso el que juzga a Carlos Menem por el contrabando de armas.
En una interpretación restrictiva de esa acordada, el TOF 5 que integran Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado, finalmente autorizó la presencia de un fotógrafo de la agencia oficial Télam y de un camarógrafo de Canal 7.
Dentro del mismo juicio, pero en una segunda etapa a partir de mayo, serán juzgados los generales Teófilo Saa y Rodolfo Whener, los coroneles Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez y el teniente coronel Felipe Alespeíti.
Los cinco militares se desempeñaron como subjefes del área de seguridad de la Capital Federal y están acusados por 116 desapariciones y cuatro homicidios.
Como para 24 casos se trata de los mismos testigos, el tribunal dispuso que declaren una sola vez, para mayor celeridad del juicio, también pedida por la Corte Suprema, según adelantó la abogada Carlina Varsky, del querellante CELS.
Olivera Róvere, de 83 años, llega en libertad a este juicio ya que fue excarcelado hace dos años. En la audiencia inicial deberá escuchar la acusación en la sala dado que hasta ahora no se ha presentado pedido de excepción por razones médicas.
El juicio se enmarca en la denominada megacausa del Primer Cuerpo de Ejército bajo la carátula 14216/03 "Suárez Mason, Carlos y otros sobre privación de libertad, homicidios, etc".
Entre el centenar de desapariciones que se le imputan están, además del autor de "Mascaró" y los legisladores orientales, la de la economista Graciela Mellibovsky, en septiembre de 1976, cuyo caso tuvo una vasta repercusión en núcleos académicos internacionales.
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martes, 3 de febrero de 2009

Massera podrá ser juzgado en Italia

El perito médico enviado por la justicia italiana a la Argentina certificó que el dictador Emilio Massera está en "plenas facultades" para afrontar un juicio penal en Roma por crímenes cometidos durante la dictadura militar.

El ex jefe de la Armada argentina "debe ser considerada una persona con plenas facultades para ser juzgado, a pesar de los intentos de manipulación más o menos conscientes, con exagerados síntomas psíquicos ficticios", escribió en su informe el doctor Piero Rocchini.
La pericia, de 28 páginas, será entregada mañana a los jueces del tribunal de Roma, quienes deberán establecer si abren o no un juicio contra el ex jerarca del régimen militar, declarado insano hace cuatro años por la justicia argentina.
Por el mismo caso fueron juzgados, por separado, en Roma, y condenados en marzo del 2007 los represores Jorge Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Vildoza, Héctor Febrés y Antonio Vañek.
Los oficiales argentinos fueron condenados por el homicidio premeditado de Angela María Aieta --madre del líder de la Juventud Peronista Dante Gullo--, secuestrada el 5 de agosto de 1976, así como de Giovanni Pegoraro y su hija, Susana, ambos secuestrados el 18 de junio de 1977.
Todas las víctimas tenían nacionalidad italiana y pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el más emblemático centro clandestino de opositores al régimen, por donde pasaron más de 5000 prisioneros, la mayoría de los cuales siguen desaparecidos.
"Desde 1988 estamos intentando que Massera sea juzgado en Italia, para que sirva de incentivo a la justicia argentina", aseguró Jorge Iturburu, coordinador del Comité de Familiares de Desaparecidos.
El ex almirante Emilio Massera, uno de los miembros de la junta militar argentina que organizó el golpe en marzo de 1976, quien está involucrado personalmente en los hechos, no pudo ser juzgado entonces por la justicia italiana debido a sus condiciones de salud por lo que se pidió en noviembre pasado un estudio.