fallecio raul alfonsin,fue el padre de la democracia

Raúl Ricardo Alfonsín nació el 12 de marzo de 1927 en la localidad bonaerense de Chascomús, como el mayor de los seis hijos de Raúl Serafín, un comerciante minorista de orígen español, y de Ana María Foulkes, descendiente de alemanes. Estudió en la Escuela Normal Regional de Chascomús y en el Liceo Militar General San Martín, donde tuvo como compañeros de clase a los futuros dictadores Jorge Rafael Videla y Leopoldo Fortunato Galtieri.
En 1949 se casó con María Lorenza Barreneche, con quien luego tendría seis hijos: Raúl Felipe, Ana María, Ricardo Luis, Marcela, María Inés y Javier Ignacio. Al año siguiente, en 1950, se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Fue el mismo año en el que comenzó a militar en el Movimiento de Intransigencia y Renovación de la Unión Cívica Radical. Sobre el ocaso del primer gobierno peronista, en 1954, fue electo concejal por Chascomús, pero al año siguiente lo metió preso la Revolución Libertadora. Durante los mandatos de los presidentes radicales Arturo Frondizi y Arturo Umberto Illia pasó primero de diputado provincial, a diputado nacional, a Vicepresidente de bloque y terminó presidiendo el Comité bonaerense de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP). Por reabrir el comité provincial en 1966, en plena dictadura de Juan Carlos Onganía, estuvo preso un breve tiempo.
Sin embargo, sólo comenzó a destacarse en política a principios de los '70, cuando creó el Movimiento de Renovación y Cambio. Se trataba una línea del radicalismo apoyada por la militancia universitaria, con una propuesta socialdemocráta, nacional y popular, pero alejada del peronismo y de la violencia política. Allí conoció a muchos radicales que luego serían célebres, como Federico Storani, Leopoldo Moreau y Enrique "Coti" Nosiglia.
Alfonsín perdió la interna con Ricardo Balbín, aunque consiguió la banca de diputado una vez más en 1973. Con el aumento de la violencia del gobierno de Perón e Isabel, fue uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Desde allí, en su rol de abogado, defendió a opositores políticos perseguidos y presentó habeas corpus por los desaparecidos, lo que implicaba poner en riesgo su propia vida.
También fue uno de los pocos que se opuso a la Guerra de Malvinas que marcó el principio del fin de la última dictadura militar, lo cual comenzó a cimentar su popularidad: Alfonsín arrasó primero en la interna contra Fernando De la Rua, y el 30 de octubre de 1983 se impuso al candidato peronista Ítalo Luder con el 51,7% de los votos contra el 40% del PJ.
Ni bien comenzó su gobierno, como había prometido en campaña, anuló la autoamnistía dictada por los militares y creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) a fin de investigar los crímenes cometidos por las tres juntas de la dictadura. En 1984 se publicó Nunca Más, el informe de dicha investigación, y a fines del año siguiente se condenó a cinco mandatarios militares a penas que iban de cuatro años a la reclusión perpetua.
Lo que fue en un principio la principal fortaleza de su gestión, terminaría siendo su mayor debilidad. La amenaza de golpe de estado de los militares era constante y lo obligó a firmar la ley de Punto Final, pero no fue suficiente: ante el levantamiento carapintada de Semana Santa de 1987 se vio sin apoyo militar alguno, y para evitar una guerra civil debió promover la ley de Obediencia Debida. Fue el "Felices Pascuas" y el comienzo del declive de su gobierno.
Sin embargo, fue la economía que terminó de sepultar a Alfonsín. Los buenos comienzos del Plan Austral quedaron opacados por la creciente inflación y la falta de fondos estatales. La oposición del peronismo y del propio radicalismo le impidió emprender las privatizaciones que luego se harían en los '90.
El Plan Primavera fue un último manotazo de ahogado que terminó hundido entre la hiperinflación, la corrida contra el dólar, el aumento de la pobreza y los saqueos. Las elecciones presidenciales se adelantaron al 14 de mayo de 1989 y Alfonsín renunció antes de tiempo, el 9 de julio, para ceder lugar al ganador Carlos Saúl Menem. La debilidad electoral del radicalismo lo obligó a acordar el Pacto de Olivos con Menem, que permitió la reforma constitucional de 1994 y la posterior reelección presidencial. Para enfrentar la creciente popularidad del menemismo fue el principal impulsor de la Alianza entre la UCR y el FREPASO. Si bien al principio apoyó la unidad del gobierno de De la Rúa, se fue distanciando a medida que entraba en el caos de 2001. Ese mismo año fue electo senador por la provincia de Buenos Aires, y votó la presidencia provisional de Eduardo Duhalde.
Desde entonces se dedicó a preservar su salud (sufrió un accidente automovilístico en 1999) y a bregar por la reconstrucción del radicalismo. Fue el protagonista principal del 25º aniversario del retorno a la democracia , una palabra que ya no se puede separar de su nombre . Queda como parte de su herencia, al igual que el juicio a las juntas, la ley de divorcio vincular o el reconocimiento de la deuda externa.

La Carrera de Miguel 2009

El domingo 29 de marzo, a partir de las 9 horas, partiendo de Av. Figueroa Alcorta y Av. Sarmiento, se disputará una nueva edición de La Carrera de Miguel.La misma se lleva a cabo en homenaje a Miguel Sánchez, el atleta desaparecido durante la última dictadura militar. Consta de dos recorridos que se realizarán en forma paralela: una prueba competitiva de 10 kilómetros y una marcha aeróbica de 3 kilómetros.Inscripción gratuitaClub de Corredores: inscribirán desde el 16 de marzo, de 11 a 17 horas, en Cabildo y Juramento, Cabildo y Lacroze, Rosedal. Y desde la apertura de las inscripciones en el Club de Corredores (Monroe 916), de lunes a viernes de 9.30 a 20 horas y sábados de 10 a 14 horas.Largada: 9 horas, Av. Sarmiento entre Av. Figueroa Alcorta y Av. LibertadorRecorrido 10 km.:Av. Sarmiento – Av. del Libertador – Av. Dorrego – Av. Figueroa Alcorta – Intendente Bunge – Andrés Bello – Av. de los Ombues – Av. Tornquist – Av. Valentín Alsina – Agustín Mendez – Av. Figueroa Alcorta – Av. Dorrego – Av. del Libertador – Av. Sarmiento hasta el punto de partida.Recorrido 3 km:Av. Sarmiento – Av. del Libertador – Av. Dorrego – retoman por Av. Dorrego – Cnel. Freire – Infanta Isabel – Av. del Libertador – Av. Sarmiento hasta el punto de partida.Requisitos para ambas pruebasDocumentación obligatoria: DNI, CI o Pasaporte.Edad mínima: 18 años cumplidos al 29/03/08. Los menores deberán ser autorizados por sus padres o tutores con la documentación que acredite el parentesco.Inscripción a terceros: deberán presentar una fotocopia de uno de los documentos adjuntándola a la ficha de inscripción bajo su consentimiento.InformesSubsecretaría de Deportes: 4124- 3400ssdep@buenosaires.gob.arSubsecretaría de Derechos HumanosCerrito 268 Piso 8°. 4010- 0300 int. 13201.No se suspende por lluvia. Carrera sin toma de tiempos

Homenajearon a las víctimas torturadas en la ex Brigada y en la ex Jefatura de Policía

Familiares de los desaparecidos, H.I.J.O.S, Madres de Plaza de Mayo de Tucumán y otras agrupaciones de derechos humanos ya dejaron señalizado el predio de la ex Brigada de la Policía, en la avenida Sarmiento y Muñecas, como uno de los centros clandestinos de detención que funcionó durante los años sangrientos del último golpe militar. Luego, se trasladaron hasta la esquina de Santa Fe y Junín, donde descubrieron una piedra en homenaje a las víctimas que estuvieron en cautiverio en ese lugar donde funcionó la ex Jefatura de Policía. En estos momentos, marchan hacia la Plaza Independencia.

Aseguran que los represores no van a la cárcel porque hay jueces cómplices de la dictadura

Sara Mrad, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Tucumán, criticó el hecho de que los represores sigan gozando de arrestos domiciliarios y no sean enviados a la cárcel común. Aseguró que se debe a la complicidad de los jueces que hoy están en funciones y que actuaron en la época del proceso. En ese sentido, estimó que hay unos 400 jueces en el país que fueron cómplices del gobierno militar que irrumpió el poder el 24 de marzo de 1976. Por último señaló en diálogo con primerafuente que a partir de los juicios de las megacausas vinculadas a los centros clandestinos de detención se empezará a conocer la verdad de lo que sucedió en la época del horror militar.

Copan la Plaza Independencia en repudio al genocidio del ‘76

Cientos de militantes de izquierda y de agrupaciones sociales y políticas en defensa de los derechos humanos copan la Plaza Independencia en repudio al golpe militar del 24 de marzo de 1976. Con cánticos en contra del represor Antonio Domingo Bussi, los manifestantes se están concentrando frente a la Casa de Gobierno, donde se realizará el acto central a 33 años de la última dictadura.

financistas del proceso

Hijos de detenidos-desaparecidos en La Plata demandarán a los bancos que financiaron la dictadura, cuya maquinaria de muerte se hubiera detenido sin esa ayuda. Los bancos contaban con precisa información sobre lo que ocurría, por lo que debieron imaginarse el dolo eventual que causarían.

Leandro Manuel Ibáñez y María Elena Perdighe presentarán un reclamo judicial contra los bancos extranjeros que financiaron a la dictadura militar que secuestró e hizo desaparecer a sus padres, en 1976 y 1977 en la ciudad de La Plata. Un estudio porteño de abogados, con apoyo de expertos de la Universidad de Nueva York, invocará normas y antecedentes internacionales y norteamericanos, como la jurisprudencia del Tribunal de Nuremberg, que condenó a empresarios alemanes que vendieron el gas letal usado en el campo de concentración de Auschwitz, emplearon mano de obra esclava y donaron dinero a las SS, y la Convención contra el Genocidio, que contempla sanciones no sólo a los perpetradores sino también a sus cómplices. “Quiero saber quién le daba plata a la Junta Militar que gobernaba un país quebrado pero podía pagarle el sueldo a los asesinos de mi padres y comprar las máquinas para torturarlos”, explica María Elena Perdighe, de asombroso parecido con su madre, según afirman quienes la conocieron.
Complicidad corporativa
Según el tribunal de Nuremberg el responsable de un plan criminal necesita para ejecutarlo “la cooperación de políticos, militares, diplomáticos y empresarios. No puede considerárselos inocentes si sabían lo que estaban haciendo”. Los bancos que otorgaron créditos a la dictadura argentina deberían reparar los daños personales sufridos dada su “responsabilidad por complicidad corporativa”. Una fuente valiosa de información sobre el tema fue una investigación académica en curso de la directora del Programa de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, Veerle Opgenhaffen, y del jurista argentino Juan Pablo Bohoslavsky, Hauser Fellow de la misma universidad, donde será presentada el 14 de abril. El estudio consigna que en 1976 la deuda pública externa de la Argentina era de 6.648 millones de dólares y en 1983 llegó a 31.709 millones. Las dos terceras partes (20.658,7 millones) correspondían a créditos bancarios, sin contar otros 5.441 millones en bonos, que presumiblemente también estaban en poder de los bancos. A mediados de la década de 1970 los bancos internacionales habían acumulado una enorme masa de petrodólares y presionaron a países de dudosa capacidad económica para que tomaran créditos, que en muchos casos usaron para reprimir a sus pueblos, como en el caso argentino. La caída de la demanda interna y de la actividad industrial provocados por la política de la dictadura militar hizo que el nivel de actividad de 1982 fuera 1,3 por ciento menor que en 1975. Entre 1976 y 1980 el déficit fiscal fue del 7,4 por ciento del PIB y entre 1981 y 1983 del 14,6 por ciento. Con el enfoque monetarista de aquellos años y la tablita de Martínez de Hoz, los ingresos públicos fueron menores que los gastos, como se ve en el cuadro, expresado en millones de dólares:
Ingresos
Gastos
1975
4.587.700
7.418.788
1976
8.242.294
11.682.397
1977
16.400.397
18.731.123
1978
23.872.867
28.081.505
1979
35.570.706
42.942.564
1980
54.912.860
67.260.035
1981
31.288.550
43.947.663
1982
13.361.217
19.666.174
Sin embargo, el presupuesto militar creció a más del doble entre 1975 y 1983, tanto en términos absolutos (de 1278 a 2500 millones de dólares), como en porcentaje del Producto Interno Bruto (de 2,04 a 4,39 por ciento). Cuando los bancos exigieron el repago, comenzaron la crisis de la deuda y una fuerte recesión, que a su vez precipitó la transición democrática. El trabajo de los académicos reproduce una afirmación del Congreso estadounidense al analizar el rol del banco Riggs en relación con la dictadura chilena de Pinochet: “El financiamiento es la clave del terrorismo, la corrupción y otros actos delictivos”. Como reconocieron dirigentes blancos sudafricanos que durante décadas resistieron el boicot comercial: la clave es el financiamiento externo, sin el cual el aparato estatal se hubiera paralizado, incluyendo la represión.
Dolo eventual
Los artículos publicados en la prensa internacional, los informes públicos del gobierno de Estados Unidos y de los organismos de derechos humanos no dejaban dudas sobre la gravedad de la situación en la Argentina dictatorial, por lo cual los bancos no pueden alegar ignorancia acerca de los crímenes de lesa humanidad que contribuían a financiar. Lo más significativo fue la negativa del gobierno del presidente norteamericano James Carter a suministrar ayuda militar y financiera a la Argentina, debido a las violaciones a los derechos humanos y a las normas fundamentales del Derecho Internacional y su voto en contra de los créditos multilaterales solicitados por la dictadura al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. En marzo de 1977 el gobierno explicó esta política en el Congreso: Estados Unidos debía usar su voz y su voto en todos los bancos de desarrollo de los que formaba parte para defender los derechos humanos, dijo la subsecretaria de derechos humanos, Patricia Derian. Como consecuencia, en 1978 también la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), decidió no asegurar a empresas que quisieran invertir en la Argentina, debido a las serias violaciones a los derechos humanos. La Comisión Sudafricana de Verdad y Reconciliación no incluyó a las empresas privadas que sostuvieron al criminal régimen del apartheid. Pero hay casos recientes tramitados en tribunales de los Estados Unidos que desarrollan ese concepto de la responsabilidad corporativa. Esos procesos fueron presentados contra
- la empresa bananera Chiquita, que contrató paramilitares colombianos para limpiar de sindicalistas sus plantaciones; bancos y empresas de distintos países que ayudaron a la Alemania nazi a prolongar la guerra por lo menos un año más, no devolvieron los depósitos a las víctimas o usaron mano de obra esclava;
- el banco Paris Paribas por haber entregado fondos al régimen de Saddam Hussein en violación del programa de Naciones Unidas Petróleo por Alimentos;
- Yahoo, por entregar información y archivos al gobierno chino que le permitieron identificar y torturar a un activista por los derechos humanos;
- Nestlé, por comprar cacao a plantaciones que usan mano de obra infantil;
- Unocal, por participar en el tendido de un oleoducto y contratar a fuerzas de seguridad responsables de trabajo forzoso, asesinatos y violaciones en Burma;
- el banco Barclays y otras compañías multinacionales que proveyeron de créditos, transporte y otros servicios esenciales para la implementación del apartheid en Sudáfrica.
Un precedente
Los mecanismos de justicia transicional tardaron en tomar en cuenta los factores económicos que permiten a un régimen reprimir a su población, como se aprecia en el “limitado alcance del informe de la CONADEP y en los mandatos de casi todas las comisiones de la verdad posteriores. El hecho de que en este momento se desenvuelvan juicios por aquellos crímenes ofrece una oportunidad única para que la Argentina establezca un precedente, demostrando la necesidad de considerar las complicidades civiles para determinar la verdad sobre el funcionamiento de un régimen determinado”, dice el trabajo de Opgenhaffen y Bohoslavsky. En la Argentina se compensaron los indultos de 1989 y 1990 con el dictado de varias leyes que establecieron el pago de reparaciones a las víctimas del terrorismo de Estado y sus herederos, por un monto de unos 225.000 dólares por caso. Otro trabajo académico, realizado en 2005 por Christina Marie Wilson en la Facultad de Derecho de la Universidad Jesuita Fordham, también de Nueva York, analiza el destino de esas reparaciones en el caos económico que vivió la Argentina. El pago prometido se demoró y en 1997 se dispuso por decreto que las indemnizaciones se cancelaran con Bonos de Consolidación de Deuda Pública. En 2002 se pesificó su importe. Los bonos que se emitieron a cambio entraron en el proceso de renegociación de la deuda externa, en el que como los demás bonos sufrieron una quita de dos tercios de su valor. El trato que recibieron fue el mismo que el de los demás tenedores de bonos argentinos, pese a que en este caso no se trataba de inversores que corrieron un riesgo, sino de víctimas de la dictadura que recibieron esos bonos porque el Estado no pudo o no quiso pagarles en efectivo. Pero estas reparaciones, cuya devaluación el Estado explicó por sus dificultades económicas, no obstan para el reclamo a los bancos, que no tienen las limitaciones del Estado. Según Opgenhaffen y Bohoslavsky se trata de obtener “respuestas más completas en términos de enjuiciamientos, reparaciones y otros mecanismos de responsabilidad”, lo cual actuaría como disuasivo para el comportamiento empresarial en el futuro. También “combatiría la noción de que apenas fue la experiencia de un puñado de generales que desarrollaron solos una campaña asesina y plantearía importantes preguntas acerca del papel que jugaron los actores financieros privados para ayudar y prolongar la dictadura”

bancos que financiaron la dictadura,prestamistas de la muerte

En 2000, el fallo del juez federal José Luis Ballesteros en la causa iniciada por Alejandro Olmos sobre la deuda externa mencionó en su foja 73 entre los prestamistas de YPF (que era la vía de entrada que empleó la dictadura para disimular que así se costeaba el Estado Terrorista) al Bank of America, Republic Bank of Dallas, Unión de Bancos Arabes y Franceses, Banco de la Sociedad Financiera Europea, D.G. Bank, Banco Europeo de Crédito, Unión de Bancos Suizos, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Citibank, Banco de Boston, Chase Manufactures, Lloyds Bank, Wells Fargo, Marine Midland, Banco di Roma, Citicorp y Banco Nación. Pero la demanda pide que sea el Banco Central el que informe quiénes fueron los financistas de la dictadura y no contempla los créditos a privados, ya que se refiere sólo a los préstamos que permitieron funcionar a la maquinaria estatal de la muerte.

La Justicia de Italia pidió la extradición de Bussi y Videla

Mientras pasa sus días en un country de Yerba Buena, el represor Antonio Domingo Bussi, es solicitado por la Justicia de Italia para ser juzgado por delitos de lesa humanidad contra 27 ciudadanos de esa nacionalidad en el marco del denominado Plan Cóndor. Por el mismo motivo, el dictador Jorge Rafael Videla detenido desde hace cinco meses en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal en Campo de Mayo, fue trasladado esta mañana a los tribunales de Comodoro Py de Capital Federal, donde el juez federal Rodolfo Canicoba Corral le hizo saber del pedido de extradición, según informó la agencia Télam. Asistido por su abogado José Casabal Elía, Videla se opuso a ser extraditado a Italia y planteó la defensa de "cosa juzgada" porque a su criterio los hechos por los que es requerido por ese país fueron tratados durante el juicio a las juntas militares, conocido como “Causa 13”. El pedido de las autoridades italianas incluye a otros 58 represores, entre ellos, además de Bussi, figura el ex jefe militar Emilio Eduardo Massera.

Durante la audiencia de identificación, se le notificó a Videla su "arresto preventivo con fines de extradición", una formalidad procesal, ya que el ex presidente de facto cumple prisión preventiva dictada en otras causas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
En el sumario sobre el "Plan Cóndor" -un pacto entre dictaduras de Sudamérica para perseguir a opositores políticos fuera de las propias fronteras- se investigan centenares de casos de delitos contra los derechos humanos, de los cuales 27 casos -casi todos desaparecidos- interesan a la justicia de Italia.
Canicoba Corral cumple con las formalidades de la solicitud debido a los tratados de asistencia recíproca con Italia y la ley 34.767, pero "es improbable -dijo una fuente- que se conceda la extradición, porque Videla es sujeto de varios procesos en la Argentina".
Videla, quien llegó y se retiró de Tribunales esposado y custodiado por efectivos del Servicio Penitenciario, cumplía detención en su domicilio de la avenida Cabildo al 600, de esta capital, hasta que el 10 de octubre último el juez federal Norberto Oyarbide dispuso que siguiera cumpliendo prisión preventiva en la unidad 34 del SPF, en Campo de Mayo.

Debe perseguirse a los civiles que participaron

La Corte Suprema recibió a varios organismos de derechos humanos la semana pasada, para escuchar su preocupación por el lento avance de los juicios por violaciones a los derechos humanos. Tal como habían hecho días antes en la Casa Rosada, las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Servicio Paz y Justicia entregaron un documento que dice. “La magnitud de estos hechos encontró a los Poderes del Estado –y a nosotros mismos– sin las armas necesarias para encarar los juicios que para nosotros deben cumplir con una premisa irrenunciable: se debe juzgar a todos los represores por todas las víctimas”, expresaron.
En el documento, solicitaron que “se elabore urgentemente una estrategia estatal para el logro de un procedimiento adecuado para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad”. Y sugirieron una serie de premisas:
- La apertura de los archivos existentes y la reconstrucción de los que hubieran sido destruidos. La elaboración de una nómina del personal que desarrolló tareas en los Servicio de Inteligencia y demás reparticiones y Fuerzas Armadas y de seguridad, incluyendo el Servicio Penitenciario Federal. La prohibición de destrucción de toda la documentación de los registros estatales producida durante el terrorismo de Estado.
Para acelerar los juicios y simplificar el procedimiento propusieron:
- Suspender la asignación de causas a juzgados y tribunales en los que se desarrollen procesos por delitos de lesa humanidad. Ampliar el número de juzgados y tribunales. Arbitrar los medios para que el Consejo de la Magistratura realice con la mayor celeridad los concursos y eleve las ternas, y para que el Poder Ejecutivo concrete las designaciones en todo juzgado vacante. Que el Consejo de la Magistratura participe activamente en la sanción y juicio político a los magistrados, sea por incumplimiento de los plazos, sea por entorpecimiento de los procesos. Simplificar las pruebas testimoniales al extremo. Contener y proteger al testigo. Evitar la repetición de pruebas, incorporarlas por lectura y de otros procesos.
Además, plantearon la necesidad de la máxima acumulación de los procesos, de evitar juicios por casos particulares, de impulsar el criterio de unificación por zona, cadena de mando, circuito y centro clandestino, de evitar el desmembramiento de las causas en el momento de la elevación a juicio oral. A criterio de los organismos de derechos humanos, la unificación ideal debería realizarse bajo los principios de un juicio por cada jurisdicción y en cada jurisdicción un juicio.
En el entendimiento de que en los juicios contra el terrorismo de Estado son necesarias formas de reparación histórica, señalaron que “su publicidad debe ser total y facilitada por el Estado, salvo que los testigos soliciten expresamente que su imagen no sea registrada ni difundida masivamente”, y que “el Estado debe facilitar a las víctimas y sus abogados los documentos reservados”. Luego de afirmar que “las violaciones sistemáticas a los derechos humanos fueron cometidas con el propósito de desarrollar un proyecto político y económico”, afirmaron que “junto al enjuiciamiento de los autores materiales debe impulsarse la persecución de los civiles que participaron en el gobierno o fueron ideólogos o cómplices de la dictadura, o que, desde sus empresas, actuaron en connivencia (con los militares) en su propio beneficio”.
En el último párrafo sugirieron crear un espacio de desarrollo y monitoreo. Pero, a diferencia de la comisión cuya creación anunció ayer la Corte, la propuesta incluía la participación de los organismos de derechos humanos

La justicia italiana ratificó que Massera está en "plenas facultades" de ser juzgado

La justicia italiana reconoció la validez del informe del perito médico enviado a la Argentina, que certificó a inicios de febrero que el dictador Emilio Massera está en "plenas facultades" para afrontar un proceso en Roma. El 26 de marzo decidirán si le abren un juicio por la desaparición y muerte de tres ítalo-argentinos .
massera podría ser juzgado en rebeldía, según decidió el juez Marco Mancinetti.
La justicia italiana acusa al ex jefe de la Armada argentina, de 83 años, del homicidio premeditado de Angela María Aieta --madre del líder de la Juventud Peronista Dante Gullo--, secuestrada el 5 de agosto de 1976, así como de Giovanni Pegoraro y su hija, Susana, ambos secuestrados el 18 de junio de 1977.
Por el mismo caso fueron juzgados por separado en Roma y condenados en marzo del 2007 los represores Jorge Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Vildoza, Héctor Febrés (fallecido en diciembre del 2007) y Antonio Vañek.
Todas las víctimas tenían nacionalidad italiana y pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

UN ATAQUE A LA MEMORIA

Denuncian que fue violentada la placa de homenaje al atleta desaparecido Miguel Sánchez

La placa de homenaje al atleta tucumano Miguel Sánchez, desaparecido en 1977, fue arrancada el viernes pasado del Monumento de Detenidos-Desaparecidos ubicado en la intersección de avenida Roca y Buenos Aires de la capital. Así lo denunció Bernardo Lobo Bugeau, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, junto a dirigentes de la CTA Tucumán. Según la denuncia, se desconoce hasta el momento quienes serían los autores del ataque. “Resulta lamentable no contar a la fecha, con ninguna información vinculada al hecho por parte de organismos oficiales, atento tratarse de un monumento emplazado en un Parque de la Memoria, donde todos los años se realiza la largada de la Carrera de Miguel”, agregaron a través de un comunicado de prensa. El hecho fue comunicado al secretario de Derechos Humanos de la CTA Nacional, Ricardo Peidró.