"Tener identidad es lo más lindo que hay", aseguró el nieto 101

El nieto 101 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, Francisco Madariaga Quintela, confesó hoy que vivió "como un fantasma" y con "un vacío adentro inexplicable" durante los 32 años que pasó apropiado por un represor de la dictadura y sin conocer su verdadera identidad. "Fueron 32 años de angustia, de vivir mucha violencia y maltratos. Ha sido una historia oscura...", confió Francisco en la conferencia de prensa que brindó esta tarde junto a su padre, Abel Madariaga, actual secretario de Abuelas, y la titular del organismo, Estela de Carlotto. El hombre también es hijo de Silvia Quintela, una médica y militante montonera que estaba embarazada de cuatro meses al ser secuestrada, el 17 de enero de 1977 en Florida, y dio a luz en el centro clandestino de detención El Campito antes de desaparecer para siempre. "Es hermosa la vivencia de encontrar algo tuyo y algo que me habían privado, 32 años, de la verdad", comentó Francisco abrazado a su progenitor. El hombre que conoció su verdadero origen confesó que vivir apropiado ha sido "vivir como un fantasma" y abundó con que "fueron 32 años horribles de angustia y de sentir un vacío adentro que es inexplicable... no me lo van a entender, entonces ahora íadelante!". Por su parte, el padre declaró que al saber que Francisco es su hijo "se me llenó el alma de alegría y sentí la mayor felicidad de mi vida". "Nos fundimos en un abrazo de padre e hijo como si hubiéramos estados separados un año", agregó. Carlotto celebró que el apropiador "felizmente esté detenido dada su peligrosidad y el riesgo de vida que corría el chico y la familia biológica". El militar detenido por estar acusado de la apropiación es el capitán retirado del Ejército y ex carapintada Víctor Alejandro Gallo, que ya en 1997 fue condenado a diez años de prisión por un Tribunal de San Martín por su implicación en la llamada Masacre de Benavídez, donde un matrimonio y su hija fueron asesinados, en 1994. Carlotto confió que Francisco "tuvo sus dudas y se acercó" a Abuelas de Plaza de Mayo para certificar su identidad y explicó que "todo se desarrollo rápidamente dada la peligrosidad del apropiador... un hombre que está detenido felizmente dado el riesgo que corría el chico de vida y la propia familia biológica". "En unos días estuvo resuelto el tema (de cotejo del ADN) con el resultado del Banco Nacional de Datos Genéticos que es el único lugar donde se pueden obtener las comparaciones lógicas" con las muestras genéticas de los familiares de los desaparecidos, añadió.
La titular del organismo humanitario destacó, en diálogo con radio Continental, "el festejo por seguir encontrando estas personas que viven oprimidas con algunas vidas, como en este, muy desgraciadas...". E insistió con que "la verdad es necesaria y aflora y la Justicia que viene después es un premio para todos los argentinos". De la madre desaparecido se ha sabido que como era médica habría asistido a varios compañeros suyos de cautiverio en otro centro clandestino de la base militar conocido como Las Casitas. Su compañero Abel sobrevivió y partió al exilio, primero en Suecia y luego en México. En 1983, de vuelta en la Argentina, emprendió personalmente la búsqueda de su hijo y se incorporó a la Asociación.

Cambian el horario del juicio a pedido de Bussi

El Tribunal Oral Federal decidió cambiar ayer el horario de inicio y finalización de las audiencias del juicio oral y público, tras un pedido del represor Antonio Domingo Bussi. A partir de hoy se realizarán de 9 a 16. “Dos sesiones en el mismo día pueden agravar mi salud y no sé en qué medida, a pesar de mi esfuerzo y vocación de servir a esta investigación, puedan permitirme seguir estando presente”, señaló el ex gobernador de facto dirigiéndose al presidente del TOF, Carlos Jiménez Montilla.
En respuesta a un planteo del represor Antonio Domingo Bussi, el Tribunal Oral Federal dispuso ayer el cambio del horario de las audiencias del debate oral y público. A partir de hoy se iniciarán a las 9 y finalizarán a las 16. “Dos sesiones en el mismo día pueden agravar mi salud y no sé en qué medida, a pesar de mi esfuerzo y vocación de servir a esta investigación, puedan permitirme seguir estando presente”, alertó dirigiéndose al presidente del TOF, Carlos Jiménez Montilla.
En calidad de vocero de la mayoría de los imputados, el ex gobernador de facto aseguró que son afectados por los dos traslados que deben hacer durante las jornadas para estar presentes en las dos partes de las audiencias. “Para los imputados, la mayoría octogenarios y cargados de enfermedades, los intervalos son usados para traslados a domicilios en Yerba Buena y prácticamente insumen las dos horas y nos impiden cualquier tipo de recomposición física”, señaló Bussi al comienzo de la jornada de ayer.
“Estoy proclive a sufrir graves consecuencias a poco de ser sometido a exigencias fuera de las normales. En estos cuatro días no he logrado superarme totalmente de las primeras jornadas, algunas de las cuales llevaron 16 horas ininterrumpidas”, agregó.
En tanto, el abogado de Alberto Mario Zimmermann, Eduardo Brandán, pidió al Tribunal Oral que su defendido sea asistido orgánica y síquicamente. “No comprende la realidad del proceso”, aseguró

Recordaron la desaparición del médico Apaza

Su padre, Francisco Apaza, de 91 años, se presentó ayer como testigo y ratificó la denuncia que realizó en marzo de 1984 frente a la Comisión Bicameral de la Legislatura. Según ese escrito, el médico Carlos Apaza, desaparecido el 7 de mayo de 1977, estuvo detenido en Sierra Chica (Buenos Aires). La ronda de testigos arranca hoy con el ex comisario Miguel Angel Chuchuy Linares.
A paso lento, con bastón y acompañado de uno de sus hijos, Francisco Apaza, de 91 años, se presentó ayer como testigo frente al Tribunal Oral Federal. Con algunas dificultades para escuchar y recordar los hechos, el ex policía jubilado ratificó la denuncia que realizó ante la Comisión Bicameral de la Legislatura el 8 de marzo de 1984.
En ese escrito, leído a su lado por la secretaria del TOF, decía que su hijo Carlos Apaza desapareció el 7 de mayo de 1977, luego de reunirse con el siquiatra Julio Leites y de ser visto por Benito Toledo en la parada de la línea 10, en la esquina de Córdoba y Salta. Ambos dieron su testimonio dos horas después que cuando lo hizo Apaza.
También se leyó que Apaza presentó varios recursos de Hábeas Corpus en la Justicia a fin de encontrar a su hijo. Además, él recordó que en dos oportunidades habló con Roberto “El Tuerto” Albornoz, uno de los imputados en el juicio, para pedirle que investigue la desaparición del médico clínico, en ese entonces de 26 años.
Según los informantes policiales, Apaza estuvo detenido en Sierra Chica, en la provincia de Buenos Aires. Además, el testigo anciano confirmó que recibió una carta de Juan Martín Martín desde España en la que le asegura que vio a su hijo en ese lugar bonaerense.
Luego declararon como testigos Toledo, Leites y Marcelo Portnoy. Este último habló en calidad de cuñado de Joaquín Ariño, el estudiante desaparecido durante la última dictadura militar.
La ronda de testigos comenzará hoy con el ex comisario Miguel Angel Chuchuy Linares

ronda de testigos

“Vi cuando Bussi mataba a garrotazos a dos personas”

Lo dijo Domingo Jerez, un ex soldado conscripto del Ejército, quien aseguró ayer frente al Tribunal Oral Federal que fue testigo de cómo el ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi mató a garrotazos a dos hombres en Timbó Viejo. También develó que en su rol de chofer del Ejército lo obligaban a juntar nafta y gasoil en bidones para quemar los cuerpos de las víctimas que eran arrojadas en el monte tucumano. “Ví cuando le pusieron una escopeta en la vagina de una mujer embarazada”, relató entre varios hechos aberrantes de esa época.
Domingo Jerez, como ex soldado conscripto del Ejército, tuvo una misión macabra: mezclar la nafta y el gasoil en un bidón para quemar los cuerpos de las víctimas de la última dictadura en el monte tucumano. “A mí me hacían sacar la nafta y el gasoil en bidones para la quema de los ‘fiambres’, así le llamaban a los cuerpos. Si no lo hacíamos, nos mataban y pasábamos por guerrilleros”, reveló ayer el testigo frente a los jueces del Tribunal Oral Federal, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi, en el marco de la cuarta jornada del juicio oral y público por la megacausa de la ex Jefatura de Policía.
En su relato más relevante aseguró que vio al ex gobernador de facto Antonio Domingo en calidad de asesino. “Bussi siempre andaba por los centros clandestinos y una vez lo vi matar a dos hombres a garrotazos en Timbó Viejo”, aseguró. El testigo, propuesto por la abogada querellante Laura Figueroa y ANDHES, precisó que ingresó al Servicio Militar Obligatorio en 1976 en el Regimiento 19 de Infantería y allí permaneció durante 16 meses.
Entre los hechos aberrantes que le tocó vivir, contó que en una operación de combate conducía un camión del Ejército en el que trasladaban, de Caspinchango a Santa Lucía, a dos hombres torturados que fueron fusilados mientras eran arrojados desde el vehículo, con las manos atadas. “Los llevaron al monte, cavaron un pozo, le prendieron fuego y los taparon”, detalló al especificar que eso ocurrió a 5 kilómetros de Caspinchango. “También nos hacían pegar culetazos en la cabeza de los detenidos, obligándolos a que digan “viva Perón”, relató y recordó que una de esas víctimas era el ‘Gringo’ Quinteros.
También contó que participó de algunos allanamientos nocturnos que se realizaban en aquella época. “Ibamos después de las doce de la noche, pegaban un tacazo en las puertas y sacaban a las personas que dormían en sus casas”, detalló al recordar que las órdenes provenían de Bussi y tenían que ser acatadas por los jefes de las bases militares, que en su caso particular, era el teniente coronel Valdiviezo.
Los operativos macabros también tenían su blanco en las mujeres embarazadas. “Había varias embarazadas en el dispensario de la base militar de Caspinchango y después las llevaban al centro clandestino de Nueva Baviera. A una de ellas le pusieron un fusible en la vagina; decían que era la esposa de un guerrillero”, recordó.
Además, reveló que, mientras conducía el camión del Ejército, vio cuando explotó una bomba en una ambulancia militar en la que iban soldados y médicos, entre los que figuraba Toledo Pimentel. “Creo que fueron los mismos militares los que habrían puesto la bomba en la ambulancia, porque minutos antes había reconocido a un soldado, vestido de civil, escondido entre los yuyales”, señaló el hombre, oriundo de Alpachiri.
Después de su testimonio, Jerez le ratificó al fiscal general Alfredo Miguel Terral que presenció violaciones de domicilios, torturas, secuestro de personas, asesinatos y la quema de los cuerpos de los desaparecidos.

El juicio a Bussi y Menéndez

El megajuicio a Antonio Domingo Bussi y a Luciano Benjamín Menéndez por la desaparición de 22 personas se reinició esta tarde, tras un receso de tres horas, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), ubicado en Chacabuco y Crisóstomo Alvarez.
Pasadas las 17.30, el tribunal regresó a la sala de audiencias, en la que se debe completar la lectura de las acusaciones contra los imputados, que comenzó esta mañana (faltaban alrededor de 15 fojas). Luego, está previsto que se efectúen planteos de la defensa y de la querella, acerca de la forma en que se llevará adelante el proceso por delitos de lesa humanidad contra 22 personas cometidos entre 1976 y 1977.
Las víctimas son: Marta y Rolando Coronel, Hugo Alberto Díaz, Joaquín Ariño, Cerafina Rosa López, Francisco López, Juan Carlos López, Marta Angela López, Carlos Ramón Apaza, Diana Oestherheld, Raúl Carlos Araldi, Raúl Mauricio Lechessi, Edgardo Bordón, Graciela Bustamante de Argañaraz, Ricardo Torres Correa, Adriana Mitrovich, Horacio Atilio Ferreyra, José Edgardo Ramos, Alicia Dora Cerrota de Ramos, Daniel Fontanarrosa Larraza, Enrique Abdón Pastor Cerezo y Angel Garmendia.
La característica que engloba a todos ellos es que fueron vistos con vida en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía. Además de Bussi y de Menéndez, también son juzgados los ex militares Albino Mario Zimmerman y Alberto Cattáneo, Roberto Albornoz y los hermanos Luis Armando y Carlos de Cándido.
El turno de los acusados
El TOF está conformado por Carlos Jiménez Montilla (presidirá los debates), Gabriel Casas y Josefina Curi (reemplaza a Alicia Noli, quien se excusó de intervenir en las causas por violaciones a los derechos humanos). Los jueces deberán determinar el grado de culpabilidad de cada imputado, según la grilla de cargos que enfrentan, y que difiere en cada caso.
Mañana será el turno de los acusados. El TOF le preguntará a cada uno si quiere efectuar alguna declaración. En la misma sesión, los jueces resolverán sobre las cuestiones de previo y especial pronunciamiento que efectúen los abogados defensores y querellantes, como ser planteos de nulidad del juicio.

Comienza el megajuicio por la desaparición de 22 personas

Bussi, Menéndez y otros cinco imputados serán juzgados desde hoy por el Tribunal Oral

Las víctimas son Marta y Rolando Coronel, Hugo Alberto Díaz, Joaquín Ariño, Cerafina Rosa López, Francisco López, Juan Carlos López, Marta Angela López, Carlos Ramón Apaza, Diana Oestherheld, Raúl Carlos Araldi, Raúl Mauricio Lechessi, Edgardo Bordón, Graciela Bustamante de Argañaraz, Ricardo Torres Correa, Adriana Mitrovich, Horacio Atilio Ferreyra, José Edgardo Ramos, Alicia Dora Cerrota de Ramos, Daniel Fontanarrosa Larraza, Enrique Abdón Pastor Cerezo y Angel Garmendia. El dato común que engloba a los secuestrados es que todos ellos fueron vistos aún con vida en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía. El TOF está conformado por Carlos Jiménez Montilla (presidirá los debates), Gabriel Casas y Josefina Curi (reemplaza a Alicia Noli, quien se excusó de intervenir en las causas por violaciones a los derechos humanos). Los jueces deberán determinar el grado de culpabilidad de cada imputado, según la grilla de cargos que enfrentan, y que difiere en cada caso. Los acusados son Luciano Benjamín Menéndez (llegó anoche de Córdoba, tras recibir el alta médica y luego de haber estado internado en el hospital militar); Antonio Domingo Bussi; Albino Mario Zimmermann; Alberto Luis Cattáneo; Roberto Heriberto Albornoz; y los hermanos LuisArmando y Carlos de Cándido. La pesquisa penal fue realizada inicialmente por el fiscal federal Emilio Ferrer. La causa fue elevada a juicio oral por el juez federal subrogante Daniel Bejas, a partir de las conclusiones arribadas en la etapa instructoria. Las pruebas reunidas en la investigación deberán ser reproducidas en el proceso que se desarrollará desde hoy y que durará unos cuatro meses. El trámite En la audiencia de hoy se realizarán las lecturas de los dos requerimientos de elevación a juicio penal efectuados por Bejas. El primer expediente, en el que se acumularon 19 desapariciones, fue remitido en marzo del año pasado al TOF. El segundo es una ampliación en dos casos más, y fue firmado por el juez federal subrogante en junio de 2009. En total, son 57 páginas, cuya reproducción insumirá unas cuatro horas de lectura. Mañana será el turno de los acusados. El TOF le preguntará a cada uno si quiere efectuar alguna declaración. En 2008, cuando se juzgó la desaparición del senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, Menéndez leyó un documento y Bussi efectuó una exposición; luego respondió algunas preguntas del fiscal federal general Alfredo Terraf. Los dos generales (r) fueron condenados a prisión perpetua por ese caso. En la misma sesión, los jueces resolverán sobre las cuestiones de previo y especial pronunciamiento que efectúen los abogados defensores y querellantes, como ser planteos de nulidad del juicio. La primera ronda de testigos tendrá lugar el jueves, en doble turno: tres por la mañana y otros tantos por la tarde.

La Justicia alemana pidió la captura internacional de Videla

Es por la desaparición de un obrero alemán en Argentina en 1978.

La Audiencia de Nuremberg, ciudad en la que se procesó y condenó a los gerifaltes nazis tras las Segunda Guerra Mundial, emitió ayer una orden internacional de detención contra el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla, al que acusa de la muerte del ciudadano alemán Thomas Stawowiok durante la dictadura militar. El caso fue reabierto el año pasado después de que en 2007 Argentina denegara la extradición de Videla alegando que el ex dictador debía responder por sus crímenes ante los tribunales argentinos. La reapertura se debe a que se encontraron los restos de Stawowiok, partidario de los montoneros y afiliado a la Unión de Estudiantes, quien desapareció el 21 de febrero de 1978 cuando tenía 20 años y trabajaba como químico en una fábrica de Buenos Aires y era egresado del colegio industrial Otto Krause. Entre la juventud peronista de la época era conocido como "el alemán". El padre de Stawowiok, Desiderius -que cuenta ya 84 años- viajó a la Argentina hace casi dos años después de recibir noticias de que entre los restos humanos encontrados en 2004 en una fosa común de Lomos de Zamora podría encontrarse el cadáver de su hijo. El Equipo Argentino de Antropología Forense comparó los datos genéticos de Desiderius con los restos encontrados y dictaminó la relación filial, además de establecer que el cadáver presentaba signos de torturas y de baleo que le habrían causado la muerte. Thomas Koch, portavoz de la Audiencia de Nuremberg, confirmó a Reuters la emisión de la orden internacional de arresto. Este portavoz judicial considera "poco probable" que la Argentina acceda a extraditar a Videla, pero justifica la decisión alemana como una llamada a la comunidad internacional para hacer imposible cualquier posible viaje de Videla al exterior. Koch también indicó que el proceso se reabre "porque ahora se han identificado los restos de una persona y sabemos que fue asesinada". El juez argentino Sergio Torres ya denegó la extradición basándose en que Videla había sido juzgado y condenado en la Argentina. El caso judicial en Alemania se inició en 1990 cuando la Fiscalía de Nuremberg instó diligencias judiciales contra Videla y Massera por los casos de dos desaparecidos alemanes, Elizabeth Kässemann -hija del pastor luterano Klaus Ernst Kässemann- y Klaus Zieschank. En 2004 se pidió la extradición a la vez que se unía al sumario el caso de Stawowiok. Al no aparecer su cadáver la Justicia alemana archivó el caso, reabierto tras el descubrimiento de sus restos. Videla, de 84 años, está detenido desde 2008 en la guarnición militar de Campo de Mayo. Próximamente enfrentará ante los tribunales argentinos la acusación de 30 homicidios, 552 secuestros y 264 desapariciones. Condenado a perpetuidad en el juicio a las juntas, sólo cumplió cinco años de prisión al ser indultado por el presidente Menem. En 1998 volvió a la cárcel mientras se investigaba el robo de bebés, pero los jueces argentinos le dieron el beneficio de la prisión domiciliaria, que se le acabó en 2008, cuando fue recluido en un destacamento militar.

El Gobierno desclasificó los documentos de las Fuerzas Armadas de la dictadura

Son documentos secretos vinculados con el período 1976-1983. La decisión llegó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. En 2007, ya habían sido relevados de la obligación de guardar secreto quienes sean llamados a declarar por la Justicia.
A través de un decreto, el Gobierno decidió hacer pública toda la documentación e información vinculada con el accionar de las fuerzas armadas en el período comprendido entre los años 1976 y 1973, que hasta ahora estaba alcanzada por las restricciones establecidas en la ley 25.520. La única excepción será "toda la información y documentación relativa al conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal". En los fundamentos del decreto, se explica que la medida se tomó para no obstaculizar los procesos judiciales vinculados a delitos de lesa humanidad y en base a la orden dada por el juzgado federal número 1 de La Plata, en septiembre de 2009, para desclasificar la documentación relativa al destacamento de Inteligencia 101 del Ejército. "La información y/o documentación clasificada con carácter no público no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos propios de un Estado democrático sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal de gobierno de facto", asegura el decreto 4/2010. Además, argumenta que "pasados más de 25 años de reestablecido el Estado democrático no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación argumentando el carácter de 'Secreto de Estado' o cualquier otra clasificación de Seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado". En 2007, mediante el decreto 44/07 ya se había relevado de la obligación de guardar secreto en los términos de la ley 25.520 a quienes integren o hayan integrado organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, de Seguridad y las Policiales, o fueran o hayan sido funcionarios o personas alcanzadas por dicha obligación, cuando fueran llamados a declarar respecto de hechos vinculados al ejercicio de sus funciones.

Sorpresiva inspección judicial en las casas de los hermanos Noble Herrera

Sorpresivamente, el juez federal de San Isidro Conrado Bergesio dispuso ayer la búsqueda de elementos personales de Marcela Noble Herrera y Felipe Noble Herrera en sus respectivos domicilios, a fin de obtener nuevas muestras del patrón genético de ambos.El juez ordenó la nueva y polémica medida apenas 24 horas después de que ambos jóvenes se sometieran voluntariamente a la extracción de muestras de sangre en el marco de una causa vinculada a los trámites de adopción de los hijos de Ernestina Herrera de Noble.Uno de los abogados de Marcela y Felipe Noble Herrera, Jorge Anzorreguy, confirmó los procedimientos realizados por efectivos de la delegación San Isidro de la Policía Federal y destacó que los dos jóvenes entregaron voluntariamente los elementos solicitados por el juez Beregsio.Anzorreguy explicó que no se trató de "allanamientos" sino de "inspecciones domiciliarias" ordenadas por el juzgado en los lugares de residencia de Marcela Noble Herrera y Felipe Noble Herrera, en las afueras de la localidad bonaerense de San Isidro.Los jóvenes entregaron "espontáneamente" el material requerido "como cepillos de dientes y cabellos" para buscar "células desprendidas de los cuerpos", añadió el letrado. En esos elementos personales los científicos pueden encontrar ese tipo de células y también luego tomar nuevas muestras de ADN.Anzorreguy adelantó que los abogados de los hermanos Noble Herrera "pedirán la nulidad del procedimiento por la ilegalidad del episodio y la inconstitucionalidad del mismo" respecto de la inspección de ayer en sus domicilios (Ver "Pedirán ..."), en atención a la extracción de sangre voluntaria realizada el martes por peritos oficiales del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial."Pude hablar con Marcela. Ella estaba bien pero sorprendida porque teniendo en cuenta la entrega voluntaria de sangre (del martes último) no se entiende esta medida", agregó el abogado.La extracción de sangre en el Cuerpo Médico Forense, concretada el martes, había sido solicitada por los hermanos Noble Herrera en 2003 pero se dilató por una serie de presentaciones de las familiares querellantes y de las Abuelas de Plaza de Mayo. De las tres muestras sanguíneas tomadas el martes, dos quedaron en custodia del Cuerpo Médico Forense y la tercera en poder del juez Bergesio, según indicaron fuentes judiciales, al tiempo que agregaron que las tomadas ayer en los domicilios quedarían resguardadas en los mismos sitios.Las muestras de ADN de los jóvenes se cruzarán con las de las dos familias querellantes García-Gualdero y Miranda-Lanouscu. El procedimiento tardará en conocerse entre 15 y 45 días. Se trata de un examen de histocompatibilidad."Ahora sólo resta que se sorteen los laboratorios donde se realizarán los análisis de ADN", dijo el abogado corroborando así que la determinación será "tercerizada", dado que el Cuerpo Médico Forense carece de infraestructura necesaria para realizar los análisis.Por su parte, Bergesio habilitó ayer su tribunal para que durante la feria judicial de enero se pueda seguir procesando el expediente.A su vez parte, el abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, Mariano Gaitán, dijo que las pruebas recolectadas por el juez, "cumplen en principio con lo que marca la ley" aunque "no hay garantías sobre la forma en que se realizaron".Gaitán agregó que "no se entiende por qué el juez (Bergesio) adopta esta medida, que corresponde atento a lo que marca la ley, recién ahora, luego de haber ordenado en el día de ayer (por el martes) una medida irregular y contraria a la ley recientemente sancionada". Gaitán explicó que "Abuelas no pudo tener acceso a las actuaciones sobre los allanamientos realizados hoy (por ayer), de modo que no podemos saber de qué forma y con que garantía se realizaron". Precisó que las muestras de células desprendidas tomadas durante la inspección judicial quedaron a resguardo del magistrado y que ahora "esperamos que el juez Bergesio ordene su análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos, único organismo autorizado por la ley como perito"."La nueva ley indica que se tiene que realizar en el Banco Nacional de Datos Genéticos y cotejar con todos los grupos registrados allí", concluyó Gaitán.La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, también habían criticado el hecho de que la extracción de sangre fue realizada en el Cuerpo Médico Forense y no en el Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el hospital Durán.Además, Carlotto había amenazado con promover un juicio político contra Bergessio. En esa línea, también se había expresado el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.Sin embargo, la extracción dispuesta por el juez en el Cuerpo Médico Forense había sido avalada por la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Nacional de Casación Penal y por la Cámara Federal de San Martín, entre otras instancias judiciales

Piden anular muestras de ADN tomadas en la vivienda de los Noble

Se trata de objetos de Felipe y Marcela, hijos adoptivos de Ernestina Noble, que usarán para obtener su ADN. La defensa dice que es "inconstitucional".
Jorge Anzorreguy, abogado de Felipe y Marcela Noble Herrera, los hijos adoptivos de Ernestina Herrera, la dueña de Clarín, anunció que pedirá la nulidad de la sustracción de objetos de los hermanos para obtener su ADN por considerar la medida “inconstitucional” y carecer de fundamentos.Esta mañana, una delegación de la Policía Federal llegó a la vivienda de San Isidro de esa familia, de donde se llevaron cepillos de dientes, pelo, pantuflas y otros objetos personales de los hermanos.La medida fue dictada por el juez Conrado Bergesio, que sigue una causa que investiga irregularidades en la adopción de ambos, de quienes se sospecha que son hijos de desaparecidos.Anzorreguy explicó que la medida del juez Bergesio se basa en la nueva ley de extracción compulsiva de objetos para obtener muestras de ADN, la que fue cuestionada por su equipo el 15 de diciembre pasado. “Hemos planteado la inconstitucionalidad del artículo 218 bis del Código Procesal Penal de la Nación (que establece la extracción compulsiva de ADN) y eso no ha sido ni siquiera tratado por el juez y sin embargo lo invoca en el pronunciamiento de hoy”, dijo el letrado según publicó Clarín."El juez Bergesio debería haber decidido primero sobre la constitucionalidad de la norma", antes de ordenar la inspección de esta mañana, explicó Anzorreguy, quien anunció que pedirá la nulidad de la orden del juez "por su ilegalidad y falta de fundamentación".Las muestras recogidas en la vivienda de los Noble quedaron bajo custodia del Cuerpo Médico Forense y del magistrado, al igual que las extraídas ayer, cuando Marcela y Felipe se presentaron en forma voluntaria a una extracción de sangre para determinar si hay compatibilidad con las dos familias querellantes.Aunque aseguran que el análisis de sangre había sido pedido por la defensa de los hijos de la Directora de Clarín hace seis años, el análisis había sido demorado debido a varias impugnaciones y apelaciones de las familias querellantes junto a las Abuelas de Plaza de Mayo.Es que, según esa agrupación que busca hijos de desaparecidos, las muestras obtenidas no deben cotejarse sólo con esas dos familias, sino con todo el banco de datos de la agrupación, medida que rechaza la defensa de Noble.Las muestras obtenidas ayer se utilizarán para un estudio de histocompatibilidad, cuyos resultados estarían listos entre 15 a 45 días. En caso de la Corte Suprema de lugar al pedido del abogado defensor, las muestras obtenidas hoy quedarán nulas.

Tomarán muestras de ADN a los hijos de Ernestina de Noble

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró que “la decisión de la Cámara de San Martín permite llegar a la verdad". Pidió que se tomen los recaudos para que no haya problemas con las muestras.
AGENCIA DE NOTICIAS LA PROVINCIA -La Justicia ordenó que se tomen las muestras de ADN necesarias para conocer la verdadera identidad de Felipe y Marcela Noble Herrera en la causa que investiga si los hijos adoptados de manera irregular de la directora del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, son hijos de desaparecidos. Ante la noticia, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo que la decisión de la Cámara de San Martín es “muy buena noticia para llegar a la verdad”. Al mismo tiempo, De Carlotto pidió "tomar todos los recaudos" que aseguren que las muestras a analizar sean las correspondientes. "Esos chicos han sido adoptados dudosamente y lo que corresponde ante tantas irregularidades es que la justicia proceda obteniendo su ADN"

Ya es ley la extracción compulsiva de ADN

El Senado aprobó la polémica norma con un solo voto en contra

El Senado sancionó ayer la ley que autoriza a la Justicia a ordenar la toma compulsiva de muestras biológicas (sangre, saliva y piel, entre otras) como método para determinar la identidad de personas en las causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad, como la apropiación de menores.
La norma fue sancionada por amplia mayoría. La UCR, el socialismo y el peronismo disidente apoyaron el proyecto, aunque en el debate se oyeron fuertes cuestionamientos a la colisión entre derechos personalísimos y el derecho a la verdad, y sobre la duda que genera cuál será el límite a la acción punitiva del Estado a partir de la aplicación de la ley.
La votación concluyó con 57 votos a favor y uno solo en contra, del senador salteño Agustín Pérez Alsina (Partido Renovador).
El proyecto había sido criticado por Elisa Carrió por considerarlo un elemento más en la pelea del Gobierno con el Grupo Clarín, ya que servirá para obligar a los hijos de la propietaria del holding, Ernestina Herrera de Noble, a someterse a las pruebas de ADN a las que sus hijos vienen resistiéndose en la causa por la que se investiga si fueron sustraídos a detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar. Ayer, este tópico no se tocó en el debate.
En la misma sesión se sancionaron también otras dos leyes relacionadas con las investigaciones judiciales de causas relacionadas con derechos humanos. El más polémico, que mereció el rechazo de toda la oposición, es el que crea el Banco Nacional de Datos Genéticos bajo la órbita del Poder Ejecutivo, suplantando así al que funciona, también por ley nacional, en el hospital Durand.
La otra iniciativa sancionada ayer reconoce a las organismos de derechos humanos la capacidad para participar como querellantes en las causas por las que se investigan delitos de lesa humanidad. Acceso a la verdad
El proyecto oficial de extracción de ADN se llevó la mayor parte del debate y fue defendido por el oficialismo con el argumento de la necesidad de garantizar el acceso a la verdad en las causas por las que se investigan delitos de lesa humanidad.
Así lo afirmó el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Rubén Marín (La Pampa), quien aseguró que el proyecto "defiende por todos los medios los derechos de las víctimas y de los imputados".
Para el jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro), se trata "de una norma moderada, prudente y razonable", ya que al dejar a criterio del juez de la causa la decisión de la toma compulsiva o no de las muestras "hace viable esta norma".
Este punto de vista no fue compartido por la UCR, que a pesar de votar en favor cuestionó que la ley permita a las víctimas rechazar el procedimiento compulsivo de extracción, pero no les reconoce esa garantía a los imputados. "Si pasamos este límite nos llevamos puesto el perfil garantista de nuestro sistema judicial", afirmó el radical Luis Naidenoff (Formosa).La peronista disidente Sonia Escudero dijo: "No existe ninguna norma que permita que las víctimas sean revictimizadas con la excusa de la búsqueda de la verdad".
El proyecto más cuestionado fue el de la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que sólo fue sancionado con los votos del oficialismo y algunos aliados. El resultado fue 38 votos a favor y 20 en contra. Naidenoff se quejó porque sólo se podrán utilizar los datos para causas de delitos de lesa humanidad: "No entendemos por qué se limitan así las funciones, dejando desamparados a miles de ciudadanos".
Escudero dijo que "se perderán más de 11.000 muestras" que se encuentran resguardadas en el hospital Durand y que son utilizadas para diversas causas, desde el tráfico de niños hasta causas por reconocimiento de paternidad.

La nueva ley


Compulsiva: la ley sancionada ayer autoriza a la Justicia a ordenar la toma compulsiva de muestras biológicas (sangre, saliva y piel, entre otras) como método para determinar la identidad de personas en las causas por las que se investigan delitos de lesa humanidad.
Dudas: en el debate se escucharon fuertes cuestionamientos relacionados con la colisión entre derechos personalísimos y el derecho a la verdad. Existen dudas sobre cuál será el límite a la acción punitiva del Estado a partir de la aplicación de la ley.
Caso Noble: el proyecto había sido criticado por Elisa Carrió por considerarlo un elemento más en la pelea del Gobierno con el Grupo Clarín, ya que podría ser utilizado para obligar a los hijos de la empresaria de ese grupo, Ernestina Herrera de Noble, a someterse a las pruebas de ADN.
Rechazo: toda la oposición rechazó la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que suplantará al que funciona en el hospital Durand.

APROBACION DE LA LEY PARA LA OBTENCION DE ADN

Remo Carlotto consideró que ayudarán a acelerar los mecanismos de restitución de la identidad
El diputado del Frente para la Victoria aseguró que las leyes aprobadas ayer para la obtención de ADN y de modernización de Banco de Datos Genéticos "ratifica el compromiso de reparar lo que el Estado terrorista hizo" en materia de violaciones a los derechos humanos.
Las medidas ratifican el compromiso de dar continuidad a políticas públicas que permitan reparar lo que el Estado terrorista hizo", señaló uno de los autores de los proyectos.
Ayer la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones los dos proyectos enviados por el Gobierno sobre nuevos procedimientos para la obtención de ADN a través del análisis de piel, pelos y saliva, y la creación de un nuevo Banco de Datos Genéticos.
Carlotto explicó que las leyes acelerarán los mecanismos de restitución de niños apropiados por la dictadura militar al "dar herramientas para que los jueces den respuestas con celeridad" ante los casos de búsqueda de la identidad.
"Viene a dar todas las posibilidades y caminos para extraer ADN sin utilizar formas invasivas", sostuvo el diputado oficialista, quien además aclaró que la ley prevé "todos los mecanismos de orden nacional e internacional" de preservación del material, fijados por la Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada de Personas.
Sobre la ley de creación de un nuevo Banco Nacional de Datos Genéticos, Carlotto manifestó que "lo jerarquiza institucionalmente, le da autonomía y un fortalecimiento que hasta ahora no ha tenido".
La segunda ley aprobada ayer por Diputados traslada al ámbito de pertenencia del Banco de Datos Genéticos al Ministerio de Ciencia y Tecnología y permitirá la incorporación de nuevas tecnologías a las causas vinculadas con delitos de lesa humanidad.

domingo 30 de agosto - Homenaje en el Día Internacional del Detenido-Desparecido

¡LOS 30,000 PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
En 1983, por iniciativa de FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos) se estableció el 30 de agosto como Día Internacional del Detenido-Desaparecido para homenajear a las victimas de la desaparición forzada y para alertar sobre los nuevos casos que se iban produciendo en el mundo. Es el día en que los familiares rendimos homenaje a nuestros detenidos-desaparecidos. Debido a la actividad incesante de los familiares en los diferentes países este día se ha establecido como el Día Internacional del Detenido Desaparecido en todos los rincones del mundo. Aunque no ha sido reconocido oficialmente como tal, las Naciones Unidas siempre saca una declaración referente al fenómeno para esa ocasión
Según la ONU desde los años sesenta son más de cien países donde se ha reportado casos de desapariciones forzadas. Y recientes denuncias muestran que la práctica, junta con la tortura y el asesinato clandestino, está siendo usada en la llamada "guerra global contra el terrorismo."
Para iniciar las actividades del Día Internacional, invitamos al acto músico cultural que se realizará el miércoles 26 de agosto en el Teatro La Máscara (Piedras 736) a las 19 hs. Habrán videos, algunas poesías y la actuación de conjuntos musicales.
Para celebrar la fecha misma, que cae en un domingo este año, FEDEFAM Argentina convoca a todos los familiares, compañeros/as y amigos/as de los detenidos desaparecidos a concurrir al Monumento a las Victimas del Terrorismo de Estado (Costanera Norte) para honrar allí la vida de nuestros seres queridos. Les invitamos a traer fotos, cartas y flores para celebrar sus historias de vida. Es una oportunidad para venir en familia o en grupos. Allí donde se está inscribiendo los nombres de los 30,000 en los muros del Monumento, recordaremos sus vidas, sus luchas y sus sueños. Renovaremos allí nuestro compromiso con la lucha por la justicia, la verdad y la memoria por los 30,000 en momentos cuando se quiere quitar importancia al tema en los medios de comunicación.
Un eslabón importante de esta lucha a nivel mundial es lograr la ratificación de la Convención Internacional de Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Allí también se hará un reconocimiento especial al Embajador Bernard Kessedjian (Francia) quien, en vida, hizo posible el logro de este documento en la ONU en 2006.
Leeremos mensajes de federaciones hermanas de Asia, África y de los países bálticos.
De este modo nos uniremos a los familiares de todos los continentes donde hay detenidos -desaparecidos con un solo grito de ¡Presentes! ¡Nunca Más!
¡Honramos la vida y la lucha de los detenidos desaparecidos
Mientras luchamos por la verdad y la justicia!
FEDEFAM Argentina esta integrado por Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticos, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y su grupo de apoyo.
Programa Día Internacional del Detenido-Desparecido
Miércoles 26 de agosto: Acto músico cultural en Teatro "La Mascara", Piedras 736 - 19 hs.
Domingo 30 de agosto: Homenaje a los Detenidos Desaparecidos en Monumento a las Victimas del Terrorismo de Estado (Costanera Norte Colectivos 33,45, 37, 160 etc.) 11.30 hs Comienzo de la caminata por los Muros del Monumento a las Victimas del Terrorismo de Estado con recordatorio de sus nombres. 12.30 hs Lectura de mensajes, reflexiones y poesías. 13.00 hs Homenaje al Embajador Bernard Kessedjian (Francia) 13.30 hs Abrazo y arrojo de flores al río desde el espigón del Monumento.
¡Honramos la vida y la lucha de los detenidos desaparecidos mientras luchas por la verdad y la justicia!
Invita: FEDEFAM Argentina

Cristina comparó el manejo privado de la TV en el fútbol con la dictadura

Tras firmar el nuevo acuerdo de televisación entre el Gobierno y la AFA, la Presidenta dijo que se "secuestraban los goles como antes secuestraron y desaparecieron a 30 mil argentinos"

Tras firmar el nuevo acuerdo de televisación del fútbol entre el Gobierno y la AFA, la presidenta Cristina Kirchner comparó el manejo privado de la transmisión de partidos de fútbol con lo ocurrido durante la última dictadura.
"¿Saben por qué es esto?", se preguntó. "Porque no es posible que sólo el que pueda pagar pueda mirar un partido, que además secuestren los goles hasta el domingo aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes, como antes secuestraron y desaparecieron a 30 mil argentinos", sostuvo.
La Presidenta advirtió entonces que no quiere "más una sociedad de secuestros de personas ni de palabras ni de imágenes ni de ideas, sino una sociedad cada día más libre".
Monopolio. Cristina definió el convenio como "un paso grande en la democratización de la sociedad". "En esa lucha por la libertad muchas veces se dan tensiones entre lo que es el poder de la ciudadanía y las corporaciones, que siempre van a seguir existiendo. Pero las corporaciones, que las hay, que son económicas y pueden ser culturales, lo importante es que no se vuelvan monopólicas, porque cuando esto sucede, pretenden adueñarse de la vida y de la opinión, del patrimonio y del honor de los argentinos; vivimos en una sociedad menos democrática, más extorsiva", agregó.
Crítica. La Presidenta señaló además que faltan hacer muchas cosas. "Mientras a un solo argentino le falte cosas básicas, estaremos en deuda; pero permítanme decirle a todos los dirigentes, de todos los clubes, que han tenido un valor para enfrentar demasiadas cosas que sería bueno también que lo tuvieran otros sectores de la sociedad con mayor responsabilidad institucional y popular que ustedes".

Noche de los Bastones Largos

La Noche de los Bastones Largos fue el desalojo por parte de la Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal Argentina, el 29 de julio de 1966, de cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en argentina, ocupadas por las autoridades legítimas —estudiantes, profesores y graduados— en oposición a la decisión del gobierno militar de intervenir las universidades y anular el régimen de cogobierno.

El hecho
El mes anterior, el 28 de junio de 1966, el Teniente General Juan Carlos Onganía había derrocado el gobierno democrático de Arturo Illia y dado inicio a la dictadura autodenominada Revolución Argentina. Las universidades públicas argentinas estaban entonces organizadas de acuerdo a los principios de la Reforma Universitaria, que establecían la autonomía universitaria del poder político y el cogobierno tripartito de estudiantes, docentes y graduados.
La represión fue particularmente violenta en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
La Policía Federal, que se encontraba bajo intervención militar desde el 28 de junio de 1966, tenía órdenes de reprimir duramente. El nombre proviene de los bastones largos usados por efectivos de la Policía Federal Argentina para golpear con dureza a las autoridades universitarias, los estudiantes, los profesores y los graduados, cuando los hicieron pasar por una doble fila al salir de los edificios, luego de ser detenidos.
Fueron detenidas 400 personas y destruidos laboratorios y bibliotecas universitarias.

Reconocimiento y memoria
En julio de 2005 la Federación Universitaria Argentina entregó diplomas de reconocimiento a los 70 profesores universitarios que renunciaron en 1966 a sus cátedras en la Facultad de Agronomía de la UBA.
En 2004 el director de cine Tristán Bauer estrenó una película con el título "La noche de los bastones largos: el futuro intervenido".

Los orígenes de la represión

La Cámara Federal ordenó reabrir la causa en la que se investigaba una serie de manuales e instrucciones militares que sirvieron de base para la represión ilegal de los ’70. Los jueces buscan saber quiénes y en qué circunstancias los elaboraron.


Los represores mantienen bien guardados sus archivos, pero a veces para defenderse sacan a la luz los documentos que demuestran la planificación del genocidio. Así ocurrió con la defensa del general retirado Santiago Omar Riveros, que aportó en una causa judicial una serie de manuales e instrucciones que usaban los sicarios del Estado durante la dictadura. Cuando el abogado de derechos humanos Alberto Pedroncini tomó contacto con esos documentos militares entendió que eran de “contenido explícitamente delictivo” e hizo una denuncia. Ahora la Cámara Federal ordenó al juez de primera instancia, que había cerrado el expediente, seguir investigando.
En septiembre de 2006, Pedroncini hizo su presentación ante la Procuración General y el fiscal federal Federico Delgado impulsó la denuncia. En la causa 13.445/99, en la que está imputado el dictador Jorge Rafael Videla por una serie de privaciones ilegítimas de la libertad, el abogado Florencio Varela (defensor de Riveros, Eugenio Guañabens Pellero y Juan Pablo Saa) aportó el reglamento RC-5-1 denominado “Operaciones sicológicas”, fechado el 8 de noviembre de 1969. En una segunda presentación, Pedroncini señaló la existencia de casos específicos de secuestros y tortura de personas, que habrían sido cometidos de acuerdo con la metodología que surge de ese reglamento. Durante la investigación se incorporaron los reglamentos RC-9-1 “Operaciones contra elementos subversivos”, de diciembre de 1976; RC-8-3 “Operaciones contra la subversión urbana”, de julio de 1969; RV 150-10 “Instrucción de lucha contra las guerrillas”, de septiembre de 1969; ROP 30-5 “Prioneros de guerra” y RC8-2 “Operaciones contra fuerzas irregulares”.
En principio, la Justicia orientó el caso a la determinación de “actos materiales que se hayan desarrollado en estricto cumplimiento” de la normativa militar mencionada. En tal sentido, recolectó abundante información vinculada con la presunta desaparición de aquellas personas que fueron mencionadas por Pedroncini: Néstor Martins, Nildo Centeno, Marcelo Verd, Sara Palacio de Verd, Juan Pablo Maestre, Mirta Misetich, Luis Enrique Pujals, Nuria Morillo y Angel Brandazza. Pero luego de tres años el magistrado de primera instancia decretó el archivo del caso con el argumento de que no había podido probar “la existencia de conexión alguna entre los manuales en cuestión y algún suceso que configurara la materialización de las directivas allí contenidas”. A su criterio, la creación de los reglamentos en sí misma no constituía un delito penal, “en virtud de la ausencia de resultado lesivo alguno”.
En septiembre pasado, el fiscal federal Gerardo Pollicita apeló esa decisión, y el fiscal general Germán Moldes sostuvo ese recurso, aunque con argumentos diferentes. A su entender, los reglamentos militares en cuestión son “innegablemente ilegítimos”, por lo cual el objeto procesal está conformado por su misma existencia, independientemente de su vinculación con hecho delictivo alguno. Moldes, además, expresó su disenso con el juez de primera instancia en tanto sostuvo que “los reglamentos fueron dictados por aquellos que tenían el poder de materializar las conductas allí contenidas, circunstancia que resultaría suficiente para generar temor en la ciudadanía”.
Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah consideraron que el archivo del caso es prematuro porque aún quedan medidas probatorias a realizar que podrían “resultar idóneas para el descubrimiento de la verdad material”. En tal sentido, puntualizaron que resulta necesario establecer “las circunstancias en que los reglamentos de origen militar fueron dictados, el procedimiento seguido para su creación, las personas que participaron de ese proceso y los documentos que sirvieron de base para ello”. Freiler, Ballestero y Farah consideraron que “el contexto socio-político imperante no sólo en nuestro país sino también en el resto de América Latina (...) permite inferir la posibilidad de que integrantes de fuerzas de seguridad de países extranjeros hayan colaborado, de algún modo, con su elaboración”. También expresaron que es necesario conocer el destino de los manuales y el modo en que fueron utilizados. Los camaristas pretenden, además, confirmar si fueron derogados y, en su caso, con cuáles instrucciones fueron reemplazados.

A 33 AñOS DE LOS APAGONES

Haciendo memoria ,llegando a Libertador General San Martín, la localidad jujeña más conocida como Ledesma y por haber sido epicentro de La Noche de los Apagones, hace 33 años, cuando en el feudo de los Blaquier la dictadura cortó la luz para allanar y secuestrar. Militantes de todo el Noroeste acudirán a la tradicional marcha que mañana sale desde Calilegua hacia Libertador para recordar a las treinta personas que permanecen desaparecidas desde aquella noche. Además, el viernes comienza allí el décimo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) “contra el saqueo de nuestros bienes naturales, la contaminación, por la soberanía alimentaria y la vida”.
Este encuentro hará eje en la temática medioambiental, el cultivo de la soja y la situación de los pueblos originarios, en grupos de debate provenientes de Catamarca, Salta y el resto de Jujuy, organizados por la agrupación Tupac Amaru. “El pueblo de Libertador acompaña naturalmente la marcha del jueves 23, porque representa a quienes tienen un mayor compromiso con la calidad de vida del lugar”, dijo Ricardo Arédez, hijo del médico desaparecido y ex intendente de Libertador Luis Arédez y de Olga Márquez, que se puso un pañuelo blanco y comenzó a dar vueltas por la plaza del pueblo en reclamo de la aparición con vida de su marido. En la que fue la casa familiar de los Arédez funciona Capoma (Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez), que organiza los actos y la marcha del Apagón junto a Madres de Detenidos De-saparecidos de Ledesma, Familiares y Ex Presos Políticos. “Así como mi madre luchó por no olvidar el pasado, también se involucró en los problemas cotidianos, de modo que si viviera estaría haciendo esto”, completó el menor de los cuatro hermanos Arédez.
Las actividades comenzaron el domingo con una vigilia en la plaza central, continuaron ayer con un taller de semillas en Calilegua, realizado por la comunidad guaraní Haciendo Memoria, y seguirán hoy con un taller sobre criminalización de la protesta, dictado por Pañuelos en Rebeldía, y un taller de género, dictado por el Frente Darío Santillán. Mañana habrá un acto a las 8.30 en la Escuela Normal en homenaje a los ex alumnos detenidos-desaparecidos, y desde las 15 comenzará la marcha. El acto central será cerca de las 20 en la plaza central y a las 21 habrá un festival solidario.
El lunes hubo otra marcha similar de la que participaron organismos de derechos humanos de Ledesma, la Comisión de Derechos Humanos de Jujuy y el movimiento social y cultural Tupaj Katari. Estuvo entre los manifestantes Rita de Garnica, madre de desaparecidos la noche del 20 de julio en Calilegua, y el dirigente Carlos “Perro” Santillán, quien pronunció un discurso ante el monolito de los detenidos-desaparecidos ubicado en una de las entradas del pueblo. La jornada culminó con un recital por la Memoria. “Siempre manifesté que la marcha debía realizarse el día 20 de julio, fecha en que ocurrió el primer apagón y se llevaron a un montón de gente, entre ellos a mis hijos y a mí”, dijo Garnica. Por su parte, Guillermina Díaz, hermana de detenidos-desaparecidos, apuntó que “la diferencia con Capoma es la fecha (en que se recuerdan los sucesivos apagones), porque después el objetivo es el mismo”.

Sólo es candidato a quedarse en prisión

Fue en respuesta a una impugnación realizada por familiares de sus víctimas y organismos de derechos humanos. El tribunal valoró la obligación internacional de evitar la obstrucción de las investigaciones por delitos de lesa humanidad

Fuera de juego. Así quedó el represor Luis Abelardo Patti tras el fallo de la Cámara Electoral que ayer vetó su candidatura a diputado nacional por estar procesado en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En un fallo en el que se hace eco de las impugnaciones realizadas por familiares de sus víctimas y por organismos de derechos humanos, entre ellos el CELS e HIJOS, el tribunal dictaminó que no puede ser candidato “hasta tanto se resuelva la situación penal y sea liberado” en ese expediente. “Ahora el mensaje es más claro y coherente, antes había una situación esquizofrénica entre la justicia electoral y la penal, porque la misma semana en que la Cámara le negaba la excarcelación, el juez Manuel Blanco decía que podía ser candidato”, dijo a Página/12 Juana Muniz Barreto, familiar de una de las víctimas del fallido postulante.
La hija del ex diputado de la Tendencia Revolucionaria Diego Muniz Barreto no daba crédito a los trascendidos. “No lo podíamos creer, pero luego, cuando vimos el fallo, sentimos alivio, ahora la causa va a ir más rápido”, relató en referencia al expediente que llevó a Patti a la cárcel de Marcos Paz y que podría llegar a juicio oral antes de fin de año.
Patti está procesado con prisión preventiva confirmada por la Cámara Federal de San Martín por los secuestros del ex diputado Diego Muniz Barreto y su colaborador Juan José Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención de Osvaldo Ariosti, hechos cometidos entre 1976 y 1977, cuando era oficial subinspector de la Policía Federal y prestaba servicio en la comisaría de Escobar. Su detención no impidió que en las últimas semanas hiciera campaña desde un teléfono del penal conectado a un altoparlante en varios actos organizados por sus hijos Ignacio y Maximiliano, candidatos y funcionarios políticos de Pilar y Escobar. Sin embargo, ayer los jueces de la Cámara Nacional Electoral Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Rodolfo Munné lo sacaron de la competencia electoral, a la que se había presentado como candidato de la duhaldista alianza Con Vos Buenos Aires, que lidera Daniel “Chicho” Basile, y de los carapintadas del Movimiento por la Dignidad y la Independencia.
Los tres magistrados fundamentaron su veto en dos razones: por un lado expresaron que “un ciudadano que, como Patti, está impedido de ejercer el cargo de diputado por haber sido separado de la Cámara de Diputados a partir de la detención que sufre en un proceso penal, no puede competir para acceder a ese mismo cargo, que no podrá desempeñar hasta tanto no se resuelva definitivamente su situación penal; y por el otro valoraron “la obligación internacional asumida por el Estado argentino de evitar cualquier medida que pudiera obstruir de algún modo la investigación y el juzgamiento de los hechos calificados como violaciones a los derechos humanos, lo cual podría ocurrir en la hipótesis de que se invoquen los fueros parlamentarios para liberar a quien está detenido en un proceso judicial de esta naturaleza”. Es decir, los camaristas ponderaron que Patti está preso y desaforado y, por lo tanto, sería un “contrasentido”, tal como lo expresaron en el fallo, que la Constitución exija desaforar a un diputado para que sea arrestado y que al mismo tiempo admita que quien ya fue separado de su cargo y está detenido pueda postularse para ejercer las mismas funciones de las que fue apartado. Por lo tanto, concluyeron que “la única interpretación aceptable es que el legislador que se encuentra suspendido en sus funciones a raíz de un desafuero y permanece detenido en el proceso penal que motivó dicha medida institucional no puede postularse a la reelección para ese cargo hasta tanto no se resuelva su situación penal y sea liberado”.
Mi pasado me condena
El represor que supo elogiar la tortura como método para esclarecer delitos, y que sigue ganando adhesiones con su prédica de mano dura, había sido electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en octubre de 2005. Los camaristas interpretaron que ahora se postula para lo que hubiera sido su reelección. Pero Patti no pudo asumir en dos ocasiones, por diferentes motivos. El 23 de mayo de 2006 la Cámara de Diputados rechazó su incorporación por “inhabilidad moral”. El represor apeló y la Cámara Electoral en aquella oportunidad resolvió que los diputados no podían rechazarlo porque no había sido impugnado antes de que el pueblo lo eligiera. La Corte Suprema ratificó esa decisión. Pero cuando se produjo esa sentencia, en abril de 2008, Patti tampoco pudo asumir porque ya estaba detenido desde noviembre de 2007 por el asesinato y desaparición de militantes justicialistas, entre ellos Muniz Barreto, Gonçalves y otros. Logró que lo liberaran pero sólo por unas pocas horas, que no le alcanzaron para quedarse con la banca porque el 17 de abril de 2008 el juez de la causa pidió su desafuero, y la Cámara de Diputados lo votó, por lo tanto volvió al “pabellón de lesa” que comparte con represores de toda calaña.
La Cámara resaltó la naturaleza de los delitos que se le imputan a Patti y estableció que como su elección podría provocar su liberación, en razón de los fueros parlamentarios que podría obtener, los tres poderes del Estado “tienen la responsabilidad de actuar en forma coordinada para cumplir con las normas internacionales que le imponen al Estado argentino evitar cualquier medida que pudiera entorpecer la investigación de esta clase de crímenes y su juzgamiento”. Además, hizo un llamado al Poder Legislativo para que avance en la sanción de una ley específica que regule estos casos. Así, Patti no podrá ser candidato aunque hoy mismo los abogados del represor presenten una apelación para tratar de revertir el fallo en la Corte Suprema: los plazos para resolverla colocan cualquier improbable modificación más allá del 28 de junio y un recurso ante el máximo tribunal no tendría efectos suspensivos.
Los camaristas Corcuera, Munné y Dalla Vía dejaron aclarado que su sentencia no afecta el principio de inocencia del que aún goza Patti, que no tiene ninguna sentencia firme en la media docena de causas que cosechó debido al contexto de impunidad que persiste. Sus víctimas esperan que para 2011 ya tenga alguna.

Oración del Padre Mugica

El 11 de mayo de 1974 moría acribillado a balazos el padre Carlos Mugica al salir de la Iglesia Francisco Solano, donde acababa de celebrar una misa. Había nacido el 7 de octubre de 1930 en el seno de una familia acomodada. En 1954 se ordenó sacerdote. Estuvo en París en 1968 cuando se suscitaron las revueltas conocidas como “el Mayo Francés”. Allí tomó contacto y adhirió incondicionalmente al Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo. A su regreso, luchó incansablemente por sus ideales, por los derechos de los más desprotegidos, por aliviar la situación desesperada de las villas miseria. El 11 de mayo de 1974, un operativo al mando de Rodolfo Eduardo Almirón, miembro de la Triple A, se encargó de acabar con la vida del “cura villero”. En 1984 un ex custodio de López Rega, Juan Carlos Juncos, confesó ante el juez Eduardo Hernández Agramante haber participado en el operativo para matar a Mugica por orden del “Brujo” José López Rega. En la declaración, Juncos manifestó que el “Brujo” le había entregado diez millones de pesos ley 18.188 para terminar con Mugica, porque “este curita lo estaba molestando políticamente”. Aquel 11 de mayo de 1974, todo el barrio lloró hasta hacer más intransitables las calles de barro.

Para recordarlo, elegimos una oración que él solía rezar y qué él mismo se había inventado:Señor: perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener ocho años y tengan trece.Señor: perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no.Señor: perdóname por haber aprendido a soportar el olor de aguas servidas, de las que puedo no sufrir, ellos no.Señor: perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo.Señor: yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre.Señor: perdóname por decirles “no sólo de pan vive el hombre” y no luchar con todo para que rescaten su pan.Señor: quiero quererlos por ellos y no por mí.Señor: quiero morir por ellos, ayúdame a vivir para ellos.Señor: quiero estar con ellos a la hora de la luz.