La presidenta, recibirá a los organismos de derechos humanos

Cristina recibirá a las 19, en su despacho de Casa de Gobierno, a organismos de derechos humanos, quienes le presentarán un proyecto para acelerar las causas judiciales que se siguen contra represores acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
La referente de Abuelas, Estela Carlotto dijo que luego de que esta tarde sea recibida por la presidenta, brindará detalles a la prensa sobre el proyecto en el que, junto con otras agrupaciones de derechos humanos, "ofrecemos algunas sugerencias para cambiar el ritmo de la justicia", en materia de juicios a represores de la última dictadura.

Las Abuelas de Plaza de Mayo,ofendidas por los dichos de Berlusconi

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que las abuelas se sienten "ofendidas" por los dichos del primer Ministro italiano, Silvio Berlusconi, ya que "habló irónicamente de los vuelos de la muerte" de desaparecidos argentinos, durante un encuentro político en Cerdeña.

"Las abuelas estamos ofendidas, sobre todo porque para los argentinos ha habido siempre desde Italia una gran solidaridad, tanto de parte de los gobiernos anteriores como de parte de la Justicia", manifestó Carlotto.
La titular de la agrupación de derechos humanos dijo haber recibido de parte de un medio italiano la copia de las palabras pronunciadas por Berlusconi en Cerdeña el fin de semana.
Según la prensa de ese país, Berlusconi se refirió a la etapa de los llamados `vuelos de la muerte' como "bellas jornadas, los hacían descender de los aéreos".
Carlotto consideró a la misma como "una frase sumamente lesiva para el sentimiento de los argentinos en general y de los familiares en particular", ya que "habló irónicamente de los vuelos de la muerte".
La titular de Abuelas anticipó que los organismos "vamos a reaccionar", y que se presentarán ante la Secretaría de Derechos Humanos, la Cancillería, y la Embajada de Italia en Argentina.
"Vamos a pedir que Berlusconi aclare o rectifique sus dichos; y si se queda en sus trece, recibirá nuestro repudio",señaló.
De todas maneras, Carlotto dijo que "no sorprenden" las palabras de Berlusconi, ya que "siempre tiene esa cosa payasesca de usar términos irónicos y tangencialmente muy ofensivos. A nosotros nos duele muchísimo que él se arrogue el derecho a la ofensa"

Otra hija de desaparecidos recuperó su identidad

foto de beatriz y domingo (sus padres)

Las Abuelas de Plaza de Mayo con enorme alegría queremos dar a conocer el encuentro y restitución de la identidad de otra hija de desaparecidos. Se trata de la hija de Beatriz Recchia y Domingo García, desaparecidos en 1977

Antonio nació el 15 de marzo de 1947 en la ciudad de Buenos Aires. Hizo la escuela primaria como pupilo en un colegio en González Catán y el secundario en el Colegio Marín en San Isidro. Se recibió de maestro y ejerció la docencia. Después, comenzó a cursar el Profesorado de Historia y Geografía.
Beatriz nació el 17 de mayo de 1949 en Florida, zona norte del gran Buenos Aires. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Nº 10 de Munro y el secundario en un colegio religioso, en el barrio porteño de Belgrano. Estudió para ser maestra jardinera y ejerció como tal en el Jardín Jean Piaget.
Se conocieron en un taller de Historia. Desde los grupos católicos pasaron a la militancia en barrios. Se casaron en enero de 1972. Juliana, la primera hija, nació el 30 de diciembre de 1973.
Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros los conocían como "Tina" y "Nito" o "Sebastián". Durante un breve lapso también los llamaron "Inés" y "Rogelio". Fueron secuestrados en su domicilio de Villa Adelina el 12 de enero de 1977. Antonio fue asesinado durante el operativo y sepultado al día siguiente como NN en el Cementerio de Boulogne. En 1978 la policía bonaerense confirmó oficialmente a la familia el destino de los restos. Beatriz estaba embarazada de cinco meses al momento del secuestro. Pensaban llamar Ignacio al bebé que esperaban si era varón. La joven fue vista por sobrevivientes en el CCD "El Campito" de Campo de Mayo. Allí nació su hija en el mes de mayo de 1977.

La "nieta" identificada fue registrada como hija de un suboficial del servicio de inteligencia del Ejército, que en 1985 fue designado agregado militar y naval de la embajada argentina en Roma.Tras negarse en primera instancia a someterse a pruebas genéticas, la joven finalmente accedió a hacerse unos análisis que determinaron su identidad biológica.Juliana García Recchia, la hermana de la nieta recuperada, sostuvo ante la prensa que "tenemos que encontrar a todos los hijos de desaparecidos". "Mi hermana nació hoy cuando supo quiénes eran sus padres, fue un embarazo de 32 años y fuimos varios los parteros", dijo Juliana, en una conferencia de prensa junto a Carlotto.Juliana contó que la búsqueda comenzó "desde la institución. Acá la buscamos, toda la gente que pasó por acá la buscó, pero ésta no es una búsqueda mía, ni de Abuelas, es de todos". Y cerró: "A mí nadie me dijo que tenía una hermana, yo toqué la panza de mi vieja. Quedan muchos más chicos y a veces me desespera porque parece que estamos jugando a las escondidas".

TIENE CORAZON Y LE DUELE

El dictador Emilio Eduardo Massera se encuentra internado en el sector de "unidad coronaria" del Hospital Naval "Pedro Mallo", presuntamente aquejado por una "afección cardiaca", confirmaron esta mañana fuentes judiciales.

Los voceros indicaron que los especialistas definieron como "síncope" el episodio padecido por el represor Massera quien permanece alojado en el sector reservado a enfermos cardíacos de ese centro asistencial que la Marina posee en el metropolitano barrio de Parque Centenario.
En tanto allegados a la investigación no descartaban que el juez federal Sergio Torres, a cargo de la "megacausa" por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) pudiese disponer en las próximas horas que peritos del cuerpo médico forense constaten la veracidad de las causas de internación.
El juez también aguarda que la Universidad de Buenos Aires y entidades académicas integren el equipo de profesionales de la salud mental que deberá realizar nuevas pericias psiquiátricas al ex jefe de la Armada durante la última dictadura militar.
Esos nuevos estudios se ordenaron a partir del dictamen del neurólogo italiano Piero Rocchini quien aseguró -en una causa que tramita en Roma en la que se pretende la extradición de Massera- que el dictador "simula" su enfermedad y "que está en condiciones de afrontar un juicio".
Según el experto italiano es apenas "moderado" el "decaimiento psíquico" que sufre el ex integrante de la primera junta militar del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976 y que padece "síntomas psíquicos ficticios".
Los juicios contra Massera en la Argentina se vieron interrumpidos en 2005 ante pericias del Cuerpo Médico Forense (que no intervendrá en los nuevos estudios) que determinaban que no estaba en condiciones psíquicas de defenderse en un juicio oral y público.
El ex dictador fue condenado en 1985 a prisión perpetua en la denominada "causa 13" como se conoció el juicio a los comandantes de la última dictadura y cinco años después beneficiado con el indulto por el ex presidente Carlos Menem.
Con la declaración de nulidad de esos perdones presidenciales y la derogación y declaración de nulidad insalvable de las leyes de obediencia debida y punto final, Massera volvió a verse imputado en causas por gravísimos delitos de "lesa humanidad" cometidos a partir del 24 de marzo de 1976.
Centenares de privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios y hasta la sustracción de recién nacidos cuando sus madres estaban en ilegal cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), son algunos de los cargos que el ex dictador debe afrontar ante la justicia argentina.

Olivera Róvere dijo whisky

El general retirado Jorge Olivera Róvere, imputado por cuatro homicidios y 120 secuestros como jefe de la subzona militar Capital Federal en 1976, se negó ayer a declarar ante la Justicia. Luego del escándalo del martes y de cinco juicios por delitos de lesa humanidad en los que prohibió el ingreso de reporteros gráficos, el Tribunal Oral Federal 5 finalmente autorizó a trabajar a un fotógrafo de la agencia Télam. Le impuso sólo dos condiciones: tomar fotos desde atrás de un blíndex y no usar flash. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, ratificó ayer la importancia de garantizar la publicidad de los juicios y requirió a los magistrados “un fuerte trabajo de colaboración con la prensa”.
La segunda jornada del juicio al ex segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército comenzó con planteos de sus abogados, Norberto Giletta padre e hijo. El ex juez de la dictadura, defensor de Olivera Róvere desde hace veinte años, pidió la nulidad de la acordada de la Cámara Federal porteña que en 2003 reabrió la megacausa Primer Cuerpo. Su hijo pidió que se rechazaran testimonios tomados en Conadep o vía exhortos y sólo se consideraran los de quienes declararan ante el tribunal. Luego, el imputado ratificó sus declaraciones indagatorias de 1987 y 2004, aclaró que no tenía nada nuevo para decir y se negó a responder preguntas de las partes.
Cuando el juez Daniel Obligado invitó al militar a pasar al estrado, el fotógrafo Gustavo Amarelle lo retrató sin más obstáculos que el blíndex que separa a la Justicia de la sociedad. Un día antes el TOF5 había autorizado a Leonardo Zavattaro a trabajar tres minutos sin el represor en la sala, y el secretario Martín Schwab se abalanzó sobre su lente cuando, ya detrás del vidrio, disparó contra el reo. El repudio que generó la medida derivó en un criterio menos estricto, aunque aún lejano al de otros tribunales orales que instruyen causas por crímenes de lesa humanidad.
El régimen que se aplicará a los canales interesados en televisar audiencias sigue siendo una incógnita. Hasta el martes, Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Farías concedían a Canal 7 la posibilidad de filmar durante tres minutos la sala en silencio y sin el acusado, para luego conectarse al circuito cerrado con tomas exclusivas de Sus Señorías y sus secretarios. Ayer, los canales transmitieron el escándalo del martes, pero no reclamaron su derecho a filmar a Olivera Róvere, pese a que la declaración formaba parte de la audiencia inicial que la acordada de la Corte encomendó transmitir. Recién el 29 de abril, cuando se lea la acusación contra los ex jefes de áreas militares, se sabrá si Gordo & Cía. mantienen la prohibición para la televisión o la modifican con vistas al próximo juicio, el primero a celebridades rentables para la TV como Alfredo Astiz, Jorge Acosta & Cía.
Tras el repudio de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, el Foro de Periodistas, el CELS y Justicia Ya! al maltrato sufrido por el periodista de Télam, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, explicó ayer que “los jueces tienen facultades para resolver cómo se hace en la práctica” la difusión de cada juicio, aunque reiteró que los debates deben ser “públicos” y “es muy importante que la gente conozca lo que sucede”. “Eso requiere un fuerte trabajo de colaboración con la prensa. La relación con los medios no debe ser conflictiva sino de cooperación”, sugirió. “El rostro del imputado no es un problema, pero no hay que estigmatizar a una persona sometida a proceso. Hay que recordar que toda persona es inocente hasta que se la declare culpable”, enseñó. “En el ámbito de cada juicio tiene competencia cada tribunal. El juez tiene que equilibrar la difusión con el respeto a las reglas del debido proceso para que el juicio no sea una telenovela”, concluyó.

el tirón de orejas de la Corte

La Corte citó a los miembros del Tribunal Federal Número 5 para que se permitiera el registro de imágenes del juicio que comenzará hoy por la represión en el Primer Cuerpo de Ejército. La agencia oficial Télam y Canal 7 ingresarán a la sala

Los jueces del Tribunal Oral Federal 5 tuvieron que ceder. La semana pasada habían anunciado que impedirían una vez más el ingreso de fotógrafos y camarógrafos a las audiencias del juicio del genocida Jorge Olivera Róvere, que comienza hoy. Sin embargo, una cita urgente en la Corte Suprema les cambió los planes: tuvieron que autorizar la presencia de un fotógrafo de la agencia oficial Télam y de un camarógrafo de Canal 7 en la audiencia de apertura de este proceso en el que el ex subjefe del Primer Cuerpo de Ejército será juzgado por un centenar de asesinatos, entre ellos el del escritor Haroldo Conti y los de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
A diferencia del resto de los juicios orales en distintas provincias, donde pudieron verse los rostros de víctimas y victimarios, sus reacciones y sus gestos, los integrantes del TOF 5 vienen negándose en forma sistemática a la publicidad de los procesos que llevan adelante. Los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado ya aplicaron restricciones a la prensa en lo casos del policía Julio Simón –alias “El Turco Julián”–, del prefecto Héctor Febres, de los responsables por la Masacre de Fátima, de los apropiadores de Eugenia Sampallo y de los ex jefes de Mansión Seré. Gordo, Farías y Obligado rechazaron los reclamos de apertura a los medios que hicieron los querellantes, organizaciones de prensa y el fiscal Félix Crous, por lo cual en octubre la Corte Suprema dictó una acordada para que se garantice la “difusión radial y televisiva” de actos iniciales, alegatos y sentencia. La Corte encomendó que los tribunales deben determinar “la ubicación de cámaras de televisión y reporteros gráficos” con el fin de garantizar el mejor registro de imágenes posible”. Con este objetivo, “el tribunal requerirá a un medio televisivo, preferentemente público, la toma de imágenes” para los medios “que no pudieran ingresar a la sala por insuficiencia de espacio”, establecieron los supremos.
Lejos de acatar esta disposición del Máximo Tribunal, pocos días después en ocasión de la sentencia por el juicio de Mansión Seré, el TOF 5 impidió el ingreso de reporteros, prohibió difundir imágenes de las últimas palabras de los imputados y sólo permitió a los canales mostrar la señal de circuito cerrado que transmitió la lectura de la sentencia. El 4 de febrero el tribunal confirmó a Página/12 que mantendría el mismo criterio con el juicio a Róvere que comienza. La Asociación de Reporteros Gráficos le reclamó, entonces, a la Corte que garantice el cumplimiento de su acordada. Ya lo habían hecho el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD) y el fiscal Crous. Por su parte, la agrupación Hijos convocó a los fotógrafos a un “camarazo” para hoy a las 9 frente a los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002, para exigir que el TOF 5 les permita registrar el rostro de quien fuera amo y señor en la ciudad durante los meses más oscuros de la dictadura.
Ayer por la tarde sus señorías fueron convocados a dos reuniones en la Corte Suprema en las que les reiteraron que debían cumplir con la acordada, que no tenían “otra alternativa” porque si no sería la propia Corte la que tomaría en sus manos la garantía de la publicidad de este proceso. Finalmente, Página/12 pudo saber que el TOF 5 autorizó para hoy el ingreso de un fotógrafo de Télam, cuyo trabajo sería distribuido luego a través del servicio de la agencia estatal, y con el mismo sentido ingresaría un camarógrafo de Canal 7. En su caso, el profesional operaría las cámaras del circuito cerrado con un criterio periodístico para obtener una “cobertura no estática”, tarea que hasta ahora realizaba personal de la Policía Federal.
El juicio, que es parte de la megacausa por los crímenes del Primer Cuerpo de Ejército, tendrá una segunda parte donde serán juzgados otros cinco ex jefes militares. Olivera Róvere, de 83 años, llega en libertad al banquillo, ya que fue excarcelado hace dos años, y hoy deberá escuchar la acusación en la sala porque, hasta ayer, no presentó ningún pedido de excepción.
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Comienza el juicio al represor Olivera Róvere

El ex general Jorge Olivera Róvere, acusado de la desaparición de un centenar de personas incluidos el escritor Haroldo Conti y los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, comenzará a ser juzgado en un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires

Olivera Róvere, quien fue subjefe del Primer Cuerpo de Ejército en 1976, será juzgado por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5), que sesionará los días martes, miércoles y jueves.
El TOF5 decidió que tanto la televisión como la radio y los reporteros gráficos no podrán acceder a la sala del juicio, anticiparon el lunes fuentes judiciales.
Amparándose en una acordada de la Corte Suprema de 2008, el querellante Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y el fiscal general Félix Crous habían reclamado una habilitación amplia a la prensa como la que practican otros tribunales orales, por caso el que juzga a Carlos Menem por el contrabando de armas.
En una interpretación restrictiva de esa acordada, el TOF 5 que integran Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado, finalmente autorizó la presencia de un fotógrafo de la agencia oficial Télam y de un camarógrafo de Canal 7.
Dentro del mismo juicio, pero en una segunda etapa a partir de mayo, serán juzgados los generales Teófilo Saa y Rodolfo Whener, los coroneles Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez y el teniente coronel Felipe Alespeíti.
Los cinco militares se desempeñaron como subjefes del área de seguridad de la Capital Federal y están acusados por 116 desapariciones y cuatro homicidios.
Como para 24 casos se trata de los mismos testigos, el tribunal dispuso que declaren una sola vez, para mayor celeridad del juicio, también pedida por la Corte Suprema, según adelantó la abogada Carlina Varsky, del querellante CELS.
Olivera Róvere, de 83 años, llega en libertad a este juicio ya que fue excarcelado hace dos años. En la audiencia inicial deberá escuchar la acusación en la sala dado que hasta ahora no se ha presentado pedido de excepción por razones médicas.
El juicio se enmarca en la denominada megacausa del Primer Cuerpo de Ejército bajo la carátula 14216/03 "Suárez Mason, Carlos y otros sobre privación de libertad, homicidios, etc".
Entre el centenar de desapariciones que se le imputan están, además del autor de "Mascaró" y los legisladores orientales, la de la economista Graciela Mellibovsky, en septiembre de 1976, cuyo caso tuvo una vasta repercusión en núcleos académicos internacionales.
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Massera podrá ser juzgado en Italia

El perito médico enviado por la justicia italiana a la Argentina certificó que el dictador Emilio Massera está en "plenas facultades" para afrontar un juicio penal en Roma por crímenes cometidos durante la dictadura militar.

El ex jefe de la Armada argentina "debe ser considerada una persona con plenas facultades para ser juzgado, a pesar de los intentos de manipulación más o menos conscientes, con exagerados síntomas psíquicos ficticios", escribió en su informe el doctor Piero Rocchini.
La pericia, de 28 páginas, será entregada mañana a los jueces del tribunal de Roma, quienes deberán establecer si abren o no un juicio contra el ex jerarca del régimen militar, declarado insano hace cuatro años por la justicia argentina.
Por el mismo caso fueron juzgados, por separado, en Roma, y condenados en marzo del 2007 los represores Jorge Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Vildoza, Héctor Febrés y Antonio Vañek.
Los oficiales argentinos fueron condenados por el homicidio premeditado de Angela María Aieta --madre del líder de la Juventud Peronista Dante Gullo--, secuestrada el 5 de agosto de 1976, así como de Giovanni Pegoraro y su hija, Susana, ambos secuestrados el 18 de junio de 1977.
Todas las víctimas tenían nacionalidad italiana y pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el más emblemático centro clandestino de opositores al régimen, por donde pasaron más de 5000 prisioneros, la mayoría de los cuales siguen desaparecidos.
"Desde 1988 estamos intentando que Massera sea juzgado en Italia, para que sirva de incentivo a la justicia argentina", aseguró Jorge Iturburu, coordinador del Comité de Familiares de Desaparecidos.
El ex almirante Emilio Massera, uno de los miembros de la junta militar argentina que organizó el golpe en marzo de 1976, quien está involucrado personalmente en los hechos, no pudo ser juzgado entonces por la justicia italiana debido a sus condiciones de salud por lo que se pidió en noviembre pasado un estudio.

Un fixture al que le faltan varias fechas(condenas a represores)

En la Capital, en febrero comenzará el juicio contra el general Jorge Olivera Róvere. El primer proceso contra Astiz y Acosta podría arrancar a fin de año, pero la condena se escucharía en 2010. El panorama completo en todo el país

Mientras la cantidad de represores procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos supera el medio millar, treinta fueron condenados el último año, veinte murieron antes de llegar a juicio y los tres poderes del Estado se echan culpas unos a otros por las demoras, el programa de 2009 tiene apenas cuatro procesos confirmados y, en nota al pie, una certeza: al ritmo actual, la mayor parte de los militares, policías, sacerdotes y civiles que ejecutaron el terrorismo de Estado morirá sin condena.
El año judicial arrancará por excepción con una sentencia en enero. El Tribunal Oral Federal de San Luis dará su veredicto sobre el general Miguel Angel Fernández Gez, el capitán Carlos Esteban Plá y otros tres ex policías puntanos. Antes deberá concluir la ronda de testimoniales, que tendrá como figura estelar al arzobispo emérito Juan Rodolfo Laise, quien le encomendó al jefe militar de San Luis hacer desaparecer a un sacerdote que pretendía dejar los hábitos para casarse.
El cronograma de juicios de 2009 tiene la mayoría de los casilleros vacíos. Según el programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS existen 27 causas elevadas que hacen cola en distintos tribunales federales, en tanto 150 aún están en etapa de instrucción. Desde 2006, cuando concluyó el primer juicio posterior a la reapertura de las causas (al policía Julio Simón, única condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia) hubo en total trece juicios, incluyendo el de San Luis, que no terminó. 2008 fue el año más prolífico: ocho juicios. Al ritmo de 2008 el proceso durará casi 19 años: hasta 2027.
De las 27 causas elevadas sólo cuatro tienen fecha de inicio confirmada:
- El 10 de febrero el Tribunal Oral Federal 5 porteño comenzará a juzgar a quien fue comandante de la ex subzona Capital Federal, general Jorge Olivera Róvere, de apenas 85 años, y a cuatro de sus subordinados, los ex jefes de áreas Teófilo Saa, Felipe Alespeiti, Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez.
- El mismo 10 de febrero el Tribunal Oral Federal de Formosa comenzará a juzgar al octogenario ex gobernador, general de brigada Juan Carlos Colombo. El tribunal, que funciona en el garaje de una casa, declaró en septiembre la emergencia de infraestructura edilicia y de personal. Un mes antes la Cámara de Casación excarceló a todos los represores procesados de Formosa, pero como la lista de beneficiados no incluía a celebridades como Alfredo Astiz o Jorge Acosta el eco de los gritos de los querellantes no traspasó las fronteras de la provincia.
- El 23 de febrero el Tribunal Oral Federal 6 comenzará a juzgar a Víctor Enrique Rei, oficial retirado de Gendarmería, por la apropiación del hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval. Es el primer caso que llega a juicio tras un allanamiento que permitió obtener objetos personales del joven para extraer su ADN. Rei llegó a ser subjefe de inteligencia de Gendarmería y participó de secuestros, pero sólo será juzgado por apropiarse del joven.
- El 25 de marzo comenzarán en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín las audiencias por el caso de Floreal Avellaneda, militante de la Federación Juvenil Comunista de 14 años secuestrado con su madre en abril de 1976. Su cadáver torturado, atado de pies y manos, apareció en la costa uruguaya. Los imputados son los generales Santiago Riveros y Jorge Osvaldo García, los coroneles Horacio Harsich y César Fragni y el policía Alberto Aneto, de la comisaría de Villa Martelli, donde la madre escuchó por última vez a su hijo.
La Justicia que mira y no ve
Hace un año y cuatro días, en un artículo sobre los juicios que se avecinaban Página/12 advirtió que “la mayor incógnita sigue siendo quién y cómo resolverá el atolladero de expedientes paradigmáticos radicados en el Tribunal Oral Federal 5”.
El problema envejeció pero allí está. El tribunal que preside Guillermo Gordo aún no pudo fijar fecha para el primer juicio de la ESMA, argumento que la Cámara de Casación utilizó para ordenar el cese de la prisión preventiva de Astiz, Acosta & Cía. La semana pasada la Corte Suprema admitió que la congestión de los seis tribunales federales porteños impide reasignar las causas abarrotadas en el TOF 5 y recordó que el 15 de julio pasado solicitó al Poder Ejecutivo la creación de dos nuevos tribunales orales, pedido que aún no obtuvo respuesta.
El TOF 5 acumula juicios a represores para no menos de un lustro. Recién hacia fines de 2009, cuando concluya el juicio a Olivera Róvere, comenzaría a juzgar a los marinos de la ESMA. De concretarse la unificación entre los principales fragmentos elevados por el juez Sergio Torres, el juicio tendrá 22 acusados en el banquillo. Cuando ese megaproceso termine será el turno del circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo, las cuevas del general Carlos Suárez Mason.
Carreteles sin hilo
Sobre el resto de los posibles juicios de 2009 no hay certezas pero sí indicios, aportados por la Unidad Fiscal a cargo de Jorge Auat y Pablo Parenti, a partir de información recopilada de las fiscalías:
- En el TOF 6 porteño, cuando concluya el juicio a Rei, podría comenzar las audiencias de la causa “Plan Sistemático”: 34 sustracciones, ocultamientos y sustituciones de identidad de hijos de desaparecidos. Los imputados son los generales Cristino Nicolaides, Reynaldo Bignone, Santiago Riveros y Rubén Franco, todos de Ejército, más los marinos Antonio Vañek y Jorge Acosta.
- En el TOF 1, desde hace más de un año, espera turno la causa Plan Cóndor, con jerarcas como Videla, Riveros, Bussi, Menéndez y otra docena de generales post 70 que no están en condiciones de esperar demasiado.
- En San Martín ya se acumularon cinco elevaciones parciales contra los responsables de Campo de Mayo. Por cantidad de víctimas y victimarios es una megacausa similar a ESMA o Primer Cuerpo, aunque marcha a paso de tortuga. En condiciones de ser juzgados están, entre otros, los generales Bignone, Eduardo Espósito, Eduardo Guañabens Perelló y el coronel Carlos Tepedino, todos mayores de 70 con arresto domiciliario.
- Santa Fe pasará a la historia cuando juzgue por delitos de lesa humanidad, por vez primera, a un miembro del Poder Judicial: Víctor Hermes Brussa, secretario de un juzgado durante la dictadura. Lo acompañarán el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122 coronel Domingo Marcellini, y los policías Mario Facino, Juan Perizzotti, Héctor Colombini, Eduardo Ramos y la carcelera María Eva Aebi, la primera mujer.
- En el TOF 1 de Rosario lleva ya un año de espera la causa Quinta de Funes, por la que deberán rendir cuentas el condenado Pascual Guerrieri y sus lugartenientes Juan Amelong, Rubén Fariña, Eduardo Constanzo y Walter Pagano. En el otro tribunal federal se juzgará al general Ramón Díaz Bessone y a parte de la patota que conducía el gendarme Agustín Feced.
- En Chaco serán juzgados los fusiladores de Margarita Belén: el ya condenado Horacio Losito más los coroneles Athos Renes, Rafael Carnero Sabol, Ricardo Reyes, los tenientes coroneles Aldo Martínez Segón y Germán Riquelme, el teniente primero Luis Patetta y el mayor Ernesto Simoni.
- Córdoba, protagonista del proceso más impactante de 2008, con 300 personas en la sala y miles en las calles, tendrá otro juicio ejemplar por las ejecuciones de presos políticos arrancados de la cárcel de San Martín. Los acusados van desde el dictador Rafael Videla, pasando por el condenado Menéndez, sus muchachos del Destacamento 141 y, en la base de la pirámide, la patota del Departamento de Investigaciones (D2) de policía.
- En La Plata, que fue pionera en condenas con Miguel Etchecolatz y el cura Cristian Von Wernich, el juicio con más chances de concretarse es el de los represores de la Comisaría 5ª.
- En Mar del Plata, por la desaparición de Carlos Labolita, serán juzgados el teniente coronel Pedro Mansilla y el teniente primero Alejandro Duret. Por secuestros, violaciones y otras torturas también rendirá cuentas Gregorio Molina, suboficial de la Fuerza Aérea.
También durante 2009 serían juzgados en Salta los responsables de la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y se concretaría el primer juicio en Mendoza, donde todos los represores fueron excarcelados por la Cámara Federal. Tucumán podría volver a juzgar al general Menéndez y a tres de sus subordinados (Roberto Albornoz, Mario Zimmermann y Alberto Cattáneo) por el caso Romero Nikilson. En los últimos meses del año, en la inconmovible Bahía Blanca, podría comenzar el juicio a tres miembros del Estado Mayor del Cuerpo V.
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saludos por las fiestas

A las Abuelas y los Abuelos y familiares que ya tuvieron la dicha de abrazar a su nieto y a los/as que todavía esperan sin abandonar la búsqueda,
A los nietos que con su presencia nos miman y nos dan fuerza para continuar nuestro camino.
A los/as que trabajan con nosotras y, desde las distintas áreas de labor, aquí, en Buenos Aires y en las filiales aportan su capacidad, su creatividad, su voluntad en el duro combate para encontrar a nuestros nietos y vencer la impunidad.
A los compañeros de los organismos, a los amigos, a todos las/os que se sintieron parte de nuestra lucha y gozaron con nosotras por cada feliz encuentro con nuestros nietos.
A los responsables de los distintos estamentos de gobierno que siempre están atentos a nuestras necesidades y reclamos.
A los teatristas que ponen siempre su tiempo, su arte y su esfuerzo al servicio de nuestra causa.
A los músicos que buscan distintas maneras de llevar nuestro mensaje a los jóvenes que no saben todavía quiénes son.
A esa parte de la sociedad que de una manera u otra nos demostró que comparte nuestro irrenunciable objetivo de restituir su identidad a quienes, siendo bebés, fueron secuestrados y apropiados por los dictadores genocidas, sus cómplices y sus colaboradores.
A todos ellos y a quienes en la calle, en los actos, en todas partes nos dan su solidaridad con un abrazo, una sonrisa, un apretón de manos.
Nuestro saludo fraterno y el ferviente augurio de felicidad y sana alegría en estas entrañables fiestas.
Que el 2009 sea para todos un año sin desigualdad, sin hambre, , sin soledad, sin temor, con amor, con justicia y paz verdadera y con muchos encuentros.

Los jueces cómplices de la dictadura, al borde de la condena social

En la marcha Nº 1.600, las Madres de Plaza de Mayo llamaron a la ciudadanía a denunciar a los jueces cómplices de los represores. “No vamos a dejar que funcione un solo juez corrupto. Se van a tener que ir, y también los vamos a juzgar y condenar”, lanzó Hebe de Bonafini, la titular de la Asociación a nivel nacional. Advirtieron que si es necesario irán casa por casa para denunciarlos. La luz roja se encendió luego del suspendido fallo de la Cámara de Casación Penal que libera a los represores Astiz y el "Tigre" Acosta.
Las Madres de Plaza de Mayo están decididas a escrachar públicamente a los jueces que sean cómplices y colaboren con la libertad de los represores de la última dictadura militar. En la marcha número 1.600, que se realizó el jueves pasado dando tres vueltas alrededor de la Pirámide de Mayo como lo hacen desde más de 30 años, la titular de la asociación, Hebe de Bonafini, llamó a la ciudadanía a denunciar a todos los jueces “corruptos” al indicar que hay más de 400 magistrados de la dictadura en el Poder Judicial.
La iniciativa, acompañada de una suelta de globos rojos, se lanzó días después del fallo de la Cámara II de Casación Penal -ahora en suspenso- que en primera instancia dispuso la libertad de los represores Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta y otra decena de marinos procesados por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA); y el de los jueces de la Cámara Federal de Mendoza que dejaron en libertad a todos los imputados detenidos en la provincia.
“No vamos a dejar que funcione un solo juez corrupto. Se van a tener que ir, y también los vamos a juzgar y condenar”, lanzó Hebe de Bonafini . También recordó: “los momentos vividos en esta Plaza, todas las veces que nos llevaron presas; nosotras socializamos la maternidad, y ninguna más pidió por su propio hijo. Somos madres de los 30 mil. Todos dieron su vida por la Revolución”.
La histórica dirigente de las Madres apuntó sus críticas hacia aquellos jueces "que tienen (detenidos) a los pibes pobres, sin ninguna condena, pero condenados a vivir en la cárcel por años y años".
Las Madres tienen pensada una serie de polémicas acciones tendientes a identificar a los jueces que colaboren con la libertad de los represores. “Les vamos a hacer lo que le hicimos a los milico: vamos a ir casa por casa para denunciarlos. Algo similar a lo que hicimos con Videla y Masera", sostuvo María del Carmen Berrocal en declaraciones al diario Clarín.com.
Por último instaron a la gente a denunciar a jueces “cómplices y corruptos” al mail madres@madres.org.

Las Abuelas encontramos la nieta N° 96

Las Abuelas encontramos la nieta N° 96
Las Abuelas de Plaza de Mayo queremos comunicar que hemos encontrado a otra nieta que durante más de 30 años vivió privada de su identidad. La joven es hija de Raquel Carolina Ángela Negro y Edgar Tulio Valenzuela, ambos secuestrados en 1978.
Los padres
Tulio nació el 21 de mayo de 1945 en la ciudad de San Juan. Cuando terminó el secundario se mudó a Buenos Aires para estudiar abogacía en la UBA. Durante 1972 trabajó en Altos Hornos Zapla (Jujuy). Militó en la Juventud del Partido Bloquista en San Juan, en la agrupación universitaria Acción Revolucionaria Peronista (ARP) y en Montoneros. Sus compañeros le decían "Tucho" o "Marcos". En 1971 se casó con su primera esposa, Alcira Fidalgo, de quien se separó en 1973. Por esos años se mudó a Rosario a raíz de su militancia política.
Raquel nació el 26 de abril de 1949 en la ciudad de Santa Fe. Luego de recibir el título docente en la Escuela Normal José de San Martín, continuó sus estudios en la Escuela de Servicio Social de Santa Fe. Ejerció como trabajadora social en un plan de viviendas de una cooperativa y en la Escuela Falucho de Santa Fe. Militó en la Juventud Peronista (JP), en el Movimiento Villero Peronista (MVP), en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y en Montoneros. Sus compañeros le decían "María", "Flaca" o "Gringa". En 1970 se casó con Marcelino Álvarez y el 28 de mayo de 1976 nació Sebastián, su primer hijo. Marcelino fue secuestrado el 4 de noviembre de ese año en Rosario y sigue desaparecido.
Raquel y Tulio se conocieron en Rosario, formaron pareja y por un tiempo vivieron en Brasil. Regresaron en enero de 1978 a Mar del Plata, donde fueron secuestrados el 2 de enero. Tulio y Sebastián en la "Tienda Los Gallegos", Raquel -embarazada de siete meses- en la esquina de Luro y Catamarca, a dos cuadras de la tienda.
El operativo estuvo a cargo de un grupo de tareas del II Cuerpo del Ejército. Tulio, Raquel y Sebastián fueron llevados al CCD "Quinta de Funes". Allí, bajo el mando del general Fortunato Galtieri, se organizó un operativo en el que Tulio resultaría una pieza clave, ya que fue obligado a salir clandestinamente del país junto a represores que se hacían pasar por personal diplomático con el fin de concretar un operativo de secuestro de dirigentes políticos en el exterior. Raquel y Tulio simularon aceptar el plan y negociaron la restitución de Sebastián a su familia materna, hecho que lograron comprobar a través de un llamado telefónico a la casa de los abuelos.
Tulio salió del país con los represores y una vez que pisó suelo mexicano, se fugó y denunció los crímenes de la dictadura en Argentina. Se produjo un escándalo diplomático, los militares fueron detenidos y el plan se vio desbaratado. Tucho permaneció en México y el 25 de mayo de 1978 estableció el último contacto con su familia. Si bien se sabe que ingresó al país en el marco de la contraofensiva, no hay exactitud acerca de las circunstancias de su secuestro.
De Raquel se sabe que el 26 de marzo de 1978 dio a luz mellizos/as en el Hospital Militar de Paraná.
La búsqueda
La causa -que tramita en el Juzgado Federal N° 1 de la capital entrerriana- se inició el 18 de mayo de 2005, debido a una denuncia presentada por Guillermo Antonio Germano, en su carácter de coordinador del Registro Único de la Verdad, dependiente de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con motivo de haber tomado conocimiento de la existencia de mujeres embarazadas que habrían dado a luz en el Hospital Militar de Paraná en la última dictadura.
Durante los primeros años de instrucción, las medidas principales fueron llevadas por el Fiscal a cargo, Mario Silva. Se tomaron testimoniales de la mayoría de los empleados civiles que prestaban servicio en el Hospital Militar en 1977-78. Además, declararon médicos y enfermeras del Instituto Médico de Pediatría de Paraná, debido a que hay prueba que indica que los bebés nacidos fueron trasladados a ese lugar.
Los querellantes, además de Abuelas, son la Secretaría de DDHH de la Nación y Sebastián Álvarez, hijo de Raquel Negro. Hasta el momento, fueron citadas a indagatoria siete personas, y de los testimonios se puede concluir que en los primeros meses de 1978, una mujer cuya descripción coincide con la de Raquel Negro dio a luz a mellizos en el Hospital Militar de Paraná. Tuvo una nena y un nene. El niño tuvo problemas respiratorios y cardíacos. Como el Hospital no tenía sala de neonatología, si había problemas los nacidos eran trasladados al Instituto Médico de Pediatría. Aparentemente no se consiguió lugar en esa clínica hasta el día siguiente, por lo que los niños permanecieron en la sala de Terapia Intensiva del Hospital Militar.
Según contó una enfermera, el niño estaba muy grave. Esta hipótesis coincide con el relato del personal del Instituto que dice que sólo recibieron un bebé. En los libros de la clínica figura la entrada de una beba llamada "Soledad López" y un bebé "NN López" provenientes del Hospital Militar. Es de destacar que el ingreso de bebés muertos se consignaba con NN, lo cual coincide con todo lo relatado por las enfermeras.
Abuelas de Plaza de Mayo se constituyó como querellante el 14 de febrero de 2008 y nuestro equipo de la filial de Rosario realizó una exhaustiva investigación que llegó a las mismas conclusiones que la jueza Myriam Stella Galizzi, es decir que la niña de Raquel y Tucho había sido dejada en la puerta de un convento y dada posteriormente en adopción.
Subsidiariamente, la joven, que ya dudaba de su identidad, se acercó a nuestra oficina de Rosario para saber sobre su origen. Al mismo tiempo, recibió la citación de la jueza actuante, quien ordenó la pericia genética y pidió el apoyo de la CONADI. El resultado de los estudios efectuados en el Banco Nacional de Datos Genéticos indicó su inclusión en el grupo familiar Valenzuela-Negro.
Con la verdad acerca de su historia, esta joven mujer podrá conocer a su hermano, tíos y otros familiares que junto con Abuelas la buscaron incansablemente y con inmenso amor. Una vez más, el viento reparador de la verdad alcanzó a otra nieta recuperada.

El camarista que duerme “tranquilo”

El camarista Guillermo Yacobucci, uno de los magistrados que concedió la excarcelación de Alfredo Astiz, Jorge “el Tigre” Acosta y otros represores procesados por delitos de lesa humanidad defendió su voto y responsabilizó, al Poder Judicial por las demoras en las causas penales. Yacobucci repitió, además, el argumento que desarrolló en el fallo. Para el camarista, los siete años que llevaban en prisión preventiva los represores excedían el criterio de “razonabilidad” que establece la ley para la detención sin condena.
El fallo de Casación volvió a colocar en el centro de la escena la dilación en los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura. En medio de la polémica entre el Gobierno, el Congreso y la Justicia sobre la responsabilidad de las demoras, el juez consideró que “hay un retardo de Justicia que es culpa del Poder Judicial”. Sin embargo, Yacobucci aclaró que “en lo personal” ni él ni su colega, Luis García, con quien votó las excarcelaciones de los procesados, tiene “responsabilidad” en ese atraso, que se debe a la “crisis del sistema”. El tercer integrante de la sala II de la Cámara, Gustavo Mitchell, quien votó en disidencia, había fundamentando su escrito en el carácter aberrante de los delitos que se le atribuyen a los acusados y en la posibilidad de que intenten “eludir la acción de la Justicia, en concreto, el cumplimiento de la pena que podría corresponderles”.
Debido al fallo de Casación, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, anunció que solicitará al Consejo de la Magistratura que se le inicie juicio político a ambos magistrados, aunque hasta el momento no ingresó en ese cuerpo ninguna denuncia puntual. Al ser consultado sobre la posibilidad de que se dé curso al pedido de Duhalde, el camarista se limitó a contestar: “Cuando llego a la noche a mi casa duermo tranquilo”.
De todas maneras, la excarcelación de los represores quedó en suspenso hasta tanto el tribunal resuelva si acepta el recurso de apelación presentado por el fiscal Raúl Pleé y remite el caso a la Corte Suprema para que se expida sobre la cuestión de fondo. Para el fiscal, la resolución de la Sala II “pone en serio riesgo la concreción del debido proceso en causas en las que se ventilan graves violaciones a los derechos humanos”, lo que implicaría “innecesariamente” la posibilidad de que la Argentina sea sancionada internacionalmente. En el texto de la apelación, Pleé se refirió a la “gravedad institucional” del asunto y, entre otros argumentos, afirmó que la liberación de los represores podría frustrar el proceso penal, ya sea por la fuga o por el entorpecimiento deliberado de la causa por parte de los acusados.
Yacobucci aclaró ayer que los crímenes cometidos por Astiz, Acosta y los otros represores le provocan una “repugnancia visceral” y calificó como “una tragedia para la sociedad argentina” los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Sin embargo, diferenció esa impresión personal de la aplicación de la ley, que prevé un plazo de dos años de prisión para un imputado sin condena y estipula luego un año de prórroga. De todas maneras, pueden reconocerse plazos extraordinarios en caso que jueces y fiscales lo consideren necesario.
“La Justicia no marcha a un ritmo deseable”, insistió Yacobucci, quien no adelantó la definición que tomará el tribunal sobre la apelación. El magistrado se limitó a decir que las excarcelaciones quedan suspendidas “hasta que nosotros habilitemos el recurso extraordinario y la Corte se expida sobre el fondo”.
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Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008 (abuelas)

Las Abuelas encontramos la nieta N° 96
Las Abuelas de Plaza de Mayo queremos comunicar que hemos encontrado a otra nieta que durante más de 30 años vivió privada de su identidad. La joven es hija de Raquel Carolina Ángela Negro y Edgar Tulio Valenzuela, ambos secuestrados en 1978.
Los padres
Tulio nació el 21 de mayo de 1945 en la ciudad de San Juan. Cuando terminó el secundario se mudó a Buenos Aires para estudiar abogacía en la UBA. Durante 1972 trabajó en Altos Hornos Zapla (Jujuy). Militó en la Juventud del Partido Bloquista en San Juan, en la agrupación universitaria Acción Revolucionaria Peronista (ARP) y en Montoneros. Sus compañeros le decían "Tucho" o "Marcos". En 1971 se casó con su primera esposa, Alcira Fidalgo, de quien se separó en 1973. Por esos años se mudó a Rosario a raíz de su militancia política.
Raquel nació el 26 de abril de 1949 en la ciudad de Santa Fe. Luego de recibir el título docente en la Escuela Normal José de San Martín, continuó sus estudios en la Escuela de Servicio Social de Santa Fe. Ejerció como trabajadora social en un plan de viviendas de una cooperativa y en la Escuela Falucho de Santa Fe. Militó en la Juventud Peronista (JP), en el Movimiento Villero Peronista (MVP), en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y en Montoneros. Sus compañeros le decían "María", "Flaca" o "Gringa". En 1970 se casó con Marcelino Álvarez y el 28 de mayo de 1976 nació Sebastián, su primer hijo. Marcelino fue secuestrado el 4 de noviembre de ese año en Rosario y sigue desaparecido.
Raquel y Tulio se conocieron en Rosario, formaron pareja y por un tiempo vivieron en Brasil. Regresaron en enero de 1978 a Mar del Plata, donde fueron secuestrados el 2 de enero. Tulio y Sebastián en la "Tienda Los Gallegos", Raquel -embarazada de siete meses- en la esquina de Luro y Catamarca, a dos cuadras de la tienda.
El operativo estuvo a cargo de un grupo de tareas del II Cuerpo del Ejército. Tulio, Raquel y Sebastián fueron llevados al CCD "Quinta de Funes". Allí, bajo el mando del general Fortunato Galtieri, se organizó un operativo en el que Tulio resultaría una pieza clave, ya que fue obligado a salir clandestinamente del país junto a represores que se hacían pasar por personal diplomático con el fin de concretar un operativo de secuestro de dirigentes políticos en el exterior. Raquel y Tulio simularon aceptar el plan y negociaron la restitución de Sebastián a su familia materna, hecho que lograron comprobar a través de un llamado telefónico a la casa de los abuelos.
Tulio salió del país con los represores y una vez que pisó suelo mexicano, se fugó y denunció los crímenes de la dictadura en Argentina. Se produjo un escándalo diplomático, los militares fueron detenidos y el plan se vio desbaratado. Tucho permaneció en México y el 25 de mayo de 1978 estableció el último contacto con su familia. Si bien se sabe que ingresó al país en el marco de la contraofensiva, no hay exactitud acerca de las circunstancias de su secuestro.
De Raquel se sabe que el 26 de marzo de 1978 dio a luz mellizos/as en el Hospital Militar de Paraná.
La búsqueda
La causa -que tramita en el Juzgado Federal N° 1 de la capital entrerriana- se inició el 18 de mayo de 2005, debido a una denuncia presentada por Guillermo Antonio Germano, en su carácter de coordinador del Registro Único de la Verdad, dependiente de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con motivo de haber tomado conocimiento de la existencia de mujeres embarazadas que habrían dado a luz en el Hospital Militar de Paraná en la última dictadura.
Durante los primeros años de instrucción, las medidas principales fueron llevadas por el Fiscal a cargo, Mario Silva. Se tomaron testimoniales de la mayoría de los empleados civiles que prestaban servicio en el Hospital Militar en 1977-78. Además, declararon médicos y enfermeras del Instituto Médico de Pediatría de Paraná, debido a que hay prueba que indica que los bebés nacidos fueron trasladados a ese lugar.
Los querellantes, además de Abuelas, son la Secretaría de DDHH de la Nación y Sebastián Álvarez, hijo de Raquel Negro. Hasta el momento, fueron citadas a indagatoria siete personas, y de los testimonios se puede concluir que en los primeros meses de 1978, una mujer cuya descripción coincide con la de Raquel Negro dio a luz a mellizos en el Hospital Militar de Paraná. Tuvo una nena y un nene. El niño tuvo problemas respiratorios y cardíacos. Como el Hospital no tenía sala de neonatología, si había problemas los nacidos eran trasladados al Instituto Médico de Pediatría. Aparentemente no se consiguió lugar en esa clínica hasta el día siguiente, por lo que los niños permanecieron en la sala de Terapia Intensiva del Hospital Militar.
Según contó una enfermera, el niño estaba muy grave. Esta hipótesis coincide con el relato del personal del Instituto que dice que sólo recibieron un bebé. En los libros de la clínica figura la entrada de una beba llamada "Soledad López" y un bebé "NN López" provenientes del Hospital Militar. Es de destacar que el ingreso de bebés muertos se consignaba con NN, lo cual coincide con todo lo relatado por las enfermeras.
Abuelas de Plaza de Mayo se constituyó como querellante el 14 de febrero de 2008 y nuestro equipo de la filial de Rosario realizó una exhaustiva investigación que llegó a las mismas conclusiones que la jueza Myriam Stella Galizzi, es decir que la niña de Raquel y Tucho había sido dejada en la puerta de un convento y dada posteriormente en adopción.
Subsidiariamente, la joven, que ya dudaba de su identidad, se acercó a nuestra oficina de Rosario para saber sobre su origen. Al mismo tiempo, recibió la citación de la jueza actuante, quien ordenó la pericia genética y pidió el apoyo de la CONADI. El resultado de los estudios efectuados en el Banco Nacional de Datos Genéticos indicó su inclusión en el grupo familiar Valenzuela-Negro.
Con la verdad acerca de su historia, esta joven mujer podrá conocer a su hermano, tíos y otros familiares que junto con Abuelas la buscaron incansablemente y con inmenso amor. Una vez más, el viento reparador de la verdad alcanzó a otra nieta recuperada.

¿UN GRUPO DE TAREAS EN EL GOBIERNO DE LA CIUDAD?

La Agencia de Control Comunal del Gobierno de la Ciudad de Mauricio Macri, está presidida por Federico Young, ex juez de la Dictadura Militar y concurrente asiduo a las charlas que organiza Cecilia Pando. Según datos fidedignos, Young ha contratado como inspectores de la Dirección de Habilitaciones y Permisos, a muchos de sus amigos de la dictadura. Por ejemplo al General de Brigada Enrique Santiago Servatico, quien fue Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 en Concordia, Entre Ríos, donde funcionó un Centro de Detención Clandestino ;También al Teniente Coronel Lucio Strazza que en diciembre de 1976, revisto en el Batallón de Arsenales 181 y después recalo en la SIDE durante el Menemismo; O el Oficial de Inteligencia Luis Rogelio Sánchez, que integró el tenebroso Batallón 601 del Ejercito, símbolo de la represión que funcionaba bajo las ordenes del genocida Suárez Mason; O Por ejemplo Rubén Arturo Ortega que fue Jefe de Operación del RIM 22 de San Juan ; Además tan figura en el listado de contrados el Capitán Juan Jorge Ferreira que revisto desde enero de 1976 hasta setiembre de 1979, estaba en el Grupo de Artillería 7 -GA 7. Quizás el caso más significativo de los Inspectores de Young , sea el de Enrique Jordana Testoni, teniente coronel del Ejército que fue director de la Fábrica Militar deArmas "Domingo Matheu" en Rosario durante la dictadura. Allí también, funcionó un centro de detención clandestino. Jordana fue arrestado en 2004 por el Juez Digerónimo y cumplió durante varios meses prisión domiciliaria. El mismo juez paradójicamente le dictó la falta de mérito, por considerar que ningún detenido lo ubicó dentro del predio, sin tener en consideración que los allí detenidos estaban con sus ojos vendados y esposados. A 25 años de instalados gobiernos constitucionales, todavía debemos denunciar la permanencia en el poder de aquéllos que torturaron, secuestraron, desaparecieron y robaron niños, amparados por la voluntad política. Los organismos de derechos humanos abajo firmantes, exigimos al Poder Ejecutivo de la Ciudad y al Poder Judicial, que personajes como Young, Jordana, Sánchez, Servatico, Strazza, no puedan ocupar cargos públicos y que se los investigue y se los juzgue como responsables del terrorismo de Estado. Y demandamos la sanción de una ley específica que les impida acceder a cargos públicos, en todos los niveles del Estado. H.I.J.O.S. por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Regional Capital Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas Abuelas de Plaza de Mayo CELS

La Justicia suspendió la libertad de Astiz y el "Tigre" Acosta

La decisión fue tomada por la misma cámara de casación que el jueves adoptó el polémico fallo que beneficiaba a otros represores, entre ellos los de la Causa Brusa de Santa Fe, y que cometieron gravísimos delitos durante la dictadura
La liberación de los represores excarcelados por la Cámara de Casación, entre ellos Jorge "Tigre" Acosta y Alfredo Astiz, quedó suspendida este viernes ante la presentación de apelaciones contra esa medida por parte de la fiscalía, que buscará llegar a la Corte Suprema de Justicia.
La decisión fue adoptada por la misma sala II que el jueves concedió el cese de las prisiones preventivas a los represores de la Esma y otros causas y ahora ordenó suspender esa medida, ante un planteo del fiscal Raúl Pleé, informaron a Télam fuentes judiciales.
Lo mismo ocurrió en Santa Fe con los seis detenidos por la denominada Causa Brusa. Según contó Stella Vallejos, querellante y delegada del Inadi, confirmó que se trabajó junto a los fiscales para detener, al menos este viernes, la liberarción de los represores.
La contramarcha
El fiscal en Buenos Aires presentó recursos extraordinarios de apelación con miras a llegar a la Corte Suprema de Justicia para evitar las excarcelaciones.
La decisión de Casación "pone en serio riesgo a la Nación Argentina de ser sancionada internacionalmente por arriesgar innecesariamente la concreción del debido proceso en causas en las que se ventilan graves violaciones a los derechos humanos".
"Existen sobradas muestras de la especial capacidad demostrada por los imputados de la comisión de crímenes durante la dictadura para ocultar y destruir pruebas e intimidar. Lo mismo se observa sobre los medios a su alcance para lograr la impunidad con su fuga", agregó.
Ahora, será la misma sala II del máximo tribunal del país la que determine, luego de dar intervención a todas las defensas, si habilita la apelación y abre el camino a que el tema sea tratado en la Corte Suprema.
Si los camaristas rechazaran los recursos, todos los represores quedarían en condiciones de salir en libertad y el fiscal tendría como última vía recurrir "en queja" al máximo tribunal, sin efecto suspensivo.
"Se trata de crímenes cometidos desde el Estado, por una asociación criminal compuesta por un vasto, complejo y poderoso entramado de sistemas delictivos integrados por numerosas personas que, aún hasta hoy, han conseguido permanecer impunes por estos delitos", agregó Pleé en el texto al que accedió Télam.
Y consideró que "la construcción de aquella impunidad tiene efectos procesales en las causas en trámite y continúa en desarrollo: todavía debe determinarse en cada investigación si las víctimas de desaparición forzada son efectivamente "desaparecidas" o asesinadas".
"Al perpetrarse los crímenes de lesa humanidad imputados se buscó sistemáticamente el ocultamiento de rastros del delito con la finalidad de lograr la impunidad futura", sostuvo.
Además, consideró que los argumentos usados para ordenar el cese de la prisión preventiva de los beneficiados por la sala II son "arbitrarios" y contienen "fundamentos sólo aparentes".
"Esta fiscalía considera que esa Sala ha realizado una incorrecta interpretación de las normas que regulan el instituto de la prisión preventiva y por ende la excarcelación", agregó Pleé.
Los camaristas firmantes del voto mayoritario, Guillermo Yacobucci y Luis García, hicieron "una aplicación inadecuada de la ley, motivo que la desvirtúa y torna inoperante".
Por ello, si Casación abre los recursos y el tema llega a la Corte, solicitará que este tribunal deje "sin efecto" la decisión porque "desvirtúa la finalidad de la ley que no fue aplicada tal como la concebía el legislador, realizando una interpretación que frustra el objetivo de las normas que regulan la prisión preventiva".
"En el caso, sin dudas fue seriamente conculcado el interés de la comunidad toda en que se haga efectiva la ley penal respecto de los delitos que aquí nos ocupan catalogados como delitos de lesa humanidad", fundamentó.
Pleé sostuvo que los plazos de la prisión preventiva -dos años con posibilidad de un tercero- no son automáticos y aludió al riesgo de fuga de los detenidos, a la posibilidad de entorpecer la investigación aún en curso y recordó que todavía hay prófugos en la megacausa ESMA.
Para el fiscal, con las liberaciones se pone en riesgo la posibilidad de debatir en un juicio oral "las responsabilidades criminales en orden a los graves delitos que en esta causa se ventilan (que, vale reiterarlo, han sido definidos como de lesa humanidad)", concluyó.

Organismos de DDHH hablan de "plan de impunidad", "esquizofrenia" y "cachetada

Las repercusiones por la liberación de los represores Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta y diez ex integrantes de la Marina no tardaron en llegar. "Me acabo de enterar, nos parece una barbaridad que se los deje en libertad, pero en alguna forma lo veniamos venir", aseguró a Perfil.com Luis Bonomi, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
El abogado dijo que es "increíble" que la propia Justicia, que se retarda en la realización de los juicios, utilice ese mismo argumento y termine favoreciendo a los represores. Asimsmo, vinculó el fallo a un "plan de impunidad" que se viene denunciando desde hace tiempo en los organismos de derechos humanos.
"Venimos denunciando que hay un plan de impunidad, ya habíamos marcado que las leyes no eran el final de una lucha, sino sólo el principio para lograr la cárcel a todos los genocidas, pero por el ritmo de la Justicia y diversas maniobras dilatorias, parte de ese plan de impunidad, no se los ha juzgado aún", concluyó.
Entre la esquizofrenia y la cachetada. "Esta parece una decisión esquizofrénica", sentenció Graciela Resemblum, querellante en la megacausa ESMA, en declaraciones al canal de noticias TN. "Repudiamos el hecho", sotuvo y añadió que desde la querella impulsan la modificación del código penal para que permita juzgarlos por "genocidio".
Resemblum subrayó que los "vericuetos legales" que hoy dejan en libertad a Astiz y Acosta "no tienen en cuenta que existe una impunidad biológica: o se mueren los genocidas sin condena o se mueren los familiares".
Por su parte, la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora, Taty Almeida, calificó a la decisión de liberar a los represores como "una cachetada" y "una vergüenza". "Esto es un agravio, que nos pase esto es un sopapo. Miren el regalo de fin de año que nos hacen", se quejó Almeida, informa el sitio web de la agencia de noticias Télam.

Apelarán el fallo ante la Corte Suprema y solicitarán juicio político para los jueces

El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, anunció que la medida se solicitará para los magistrados de la Sala II de la Cámara de Casación, otros del ámbito porteño y de Mendoza
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, anunció las medidas a tomar en respuesta al fallo de la sala 2 de la Cámara Nacional de Casación Penal que ordenó la liberación de represores.Desde la cartera de DD.HH., "en calidad de querellantes" de la causa ESMA, pedirán el enjuiciamiento de dos de los tres jueces a cargo de la causa de Astiz y Acosta entre otros, Guillermo Yacobucci y Luis García. La solicitud también involucra a magistrados del Tribunal Oral Federal número 5 de esta capital, así como de jueces mendocinos que tomaron la misma medida con ex represores a la espera de juicio oral en esa provincia, y los de la Sala V de Capital Federal, por mal desempeño. El funcionario sostuvo que "varios de esos individuos han sido condenados en ausencia por tribunales" extranjeros y que "todos ellos tienen pedidos de extradición en la justicia española". Duhalde también dijo que "avergüenza a la Justicia" el fallo y anunció que presentará un "recurso extraordinario ante la Corte para que se aboque en forma directa para evitar un escándalo jurídico". El Senado aprobará un proyecto de resolución para repudiar el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que concede la libertad a los ex marinos Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta, y otros diez represores.

Homenaje a Pedro La Blunda

Este SABADO 20 de diciembre, Jóvenes y organizaciones sociales de la ciudad de Junín, Buenos Aires, realizarán un homenaje a Pedro La Blunda - Desaparecido el 20 de abril de 1977- reivindicarán su vida, su lucha y su militancia. Entre otras actividades se realizará un mural en el barrio San Jorge de la ciudad donde Pedro comenzó su militancia en la juventud peronista. ...

Astiz y el "Tigre" Acosta quedan en libertad

La Justicia dispuso que se libere a los ex marinos y a una decena de ex represores en la causa que se los investiga por delitos de lesa humanidad. Ahora, el juez federal Sergio Torres deberá determinar el monto de la fianza para hacer efectiva la resolución
La Cámara Nacional de Casación Penal otorgó la libertad a una decena de ex marinos acusados en causas por delitos de lesa humanidad, entre ellos Jorge "Tigre" Acosta y Alfredo Astiz.
La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara debido al tiempo que transcurrió desde que los acusados están detenidos sin una sentencia firme, según informaron fuentes judiciales.
los ex marinos están a disposición del juez federal Sergio Torres, quien tiene a su cargo numerosos hechos cometidos en el marco de la causa en la que se investiga lo ocurrido en la ESMA y sus derivaciones.La libertad se hará efectiva una vez que el magistrado fije las cauciones, es decir el monto a depositar por la fianza, según informaron fuentes judiciales.Los acusados recuperarán su libertad en todas las causas en las que están acusados, entre ellas el expediente de la ESMA, y el desapoderamiento de bienes de desaparecidos durante la dictadura militar. Meses atrás, el juez Torres había dispuesto que los marinos sean trasladados de las unidades militares a cárceles del Servicio Penitenciario Federal.