El Gobierno desclasificó los documentos de las Fuerzas Armadas de la dictadura

Son documentos secretos vinculados con el período 1976-1983. La decisión llegó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. En 2007, ya habían sido relevados de la obligación de guardar secreto quienes sean llamados a declarar por la Justicia.
A través de un decreto, el Gobierno decidió hacer pública toda la documentación e información vinculada con el accionar de las fuerzas armadas en el período comprendido entre los años 1976 y 1973, que hasta ahora estaba alcanzada por las restricciones establecidas en la ley 25.520. La única excepción será "toda la información y documentación relativa al conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal". En los fundamentos del decreto, se explica que la medida se tomó para no obstaculizar los procesos judiciales vinculados a delitos de lesa humanidad y en base a la orden dada por el juzgado federal número 1 de La Plata, en septiembre de 2009, para desclasificar la documentación relativa al destacamento de Inteligencia 101 del Ejército. "La información y/o documentación clasificada con carácter no público no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos propios de un Estado democrático sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal de gobierno de facto", asegura el decreto 4/2010. Además, argumenta que "pasados más de 25 años de reestablecido el Estado democrático no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación argumentando el carácter de 'Secreto de Estado' o cualquier otra clasificación de Seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado". En 2007, mediante el decreto 44/07 ya se había relevado de la obligación de guardar secreto en los términos de la ley 25.520 a quienes integren o hayan integrado organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, de Seguridad y las Policiales, o fueran o hayan sido funcionarios o personas alcanzadas por dicha obligación, cuando fueran llamados a declarar respecto de hechos vinculados al ejercicio de sus funciones.